Maria Teresa Soler obtuvo el Doctorado por la Universitat de València en 1977 y pronto pedirá el reconocimiento de su sexto sexenio de investigación. Una carrera tan dilatada le ha permitido realizar publicaciones de todo tipo, desde manuales y tratados docentes, a libros homenaje, monografías y artículos en las revistas científicas españolas e internacionales de mayor prestigio. Desde su amplia experiencia, nos habla de temas tan interesantes como la relación entre la Administración y los contribuyentes.
Imagino que este será un momento muy interesante desde el punto de vista del análisis jurídico por las subidas de impuestos que ha anunciado el Gobierno.
La investigación jurídica en principio no debe ser coyuntural, es decir, no debe tratar sobre lo último publicado en el Boletín Oficial del Estado o sobre el último tratado o reforma. Sin embargo, cuando la crisis es profunda como esta, surgen temas de gran interés que merecen ser analizados, en especial los cambios legislativos encaminados a resolver problemas estructurales. Para la mayor parte de los aspectos que podamos tratar los investigadores del Derecho, es necesario un análisis sosegado. Obviamente, desde las universidades se estudiarán las cuestiones más relevantes que surjan a raíz de la crisis. En este sentido, recientemente asistí a una conferencia en Lovaina (Bélgica) donde investigadores sugerían transferir el poder tributario de los Estados miembros a la Unión Europea para evitar situaciones como el ataque al euro.
¿Cree que será necesario un nuevo marco legal en España en el que se puedan encuadrar las reformas más inmediatas?
La Ley General Tributaria española que sustituía a la de 1963 entró en vigor en julio de 2004. Este marco legal soportará los futuros cambios normativos ya que no regula los impuestos sino aspectos generales como los derechos y garantías de los contribuyentes. El grueso de las reformas actuales y futuras está en lo que llamamos las “Leyes del Sistema Tributario” que regulan los distintos impuestos: el IRPF, el IVA, las Sociedades, y diferentes leyes como las de la Financiación de las Comunidades Autónomas… Aquí es donde se centrarán las reformas, así como en el ámbito del gasto público, en concreto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria por la cuestión del déficit público.
¿Qué temas aborda en la Universidad desde el punto de vista internacional?
Sin abandonar los temas relacionados con procedimientos tributarios españoles, inspección, recaudación, revisión, etc., desde 1998 he consolidado en el Departamento una línea de fiscalidad internacional y comunitaria: desde las normas españolas de los impuestos sobre la renta, sobre sociedades, y su proyección en la fiscalidad internacional, al estudio de directivas, intercambio de información, ahorro, precios y transferencias.
Participamos, por ejemplo, en el primer proyecto sobre el impacto jurídico-financiero de la implantación del euro y publiqué uno de los primeros trabajos sobre la incidencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la aplicación de los tributos, un tema poco tratado hasta entonces. También hemos aportado publicaciones en relación con el déficit público (la monografía de la profesora Amparo Navarro), con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sobre temas de elusión fiscal en materia internacional.
Esta investigación, unida a nuestra participación en los congresos de las asociaciones más relevantes a nivel internacional, nos ha permitido trasladar este conocimiento a las aulas. Yo en concreto imparto una asignatura optativa de Fiscalidad Internacional y la investigación me ha permitido disponer de todo tipo de material para los alumnos desde bases de datos, casos, etc.
¿Qué le aporta en ese sentido su vinculación al Consejo para la Defensa del Contribuyente?
El Consejo es un órgano colegiado integrado en el Ministerio de Economía y Hacienda, entré a formar parte del mismo en el año 2005 y desde diciembre de 2008 asumí la Presidencia. Principalmente, nos ha posibilitado ampliar nuestros conocimientos sobre este ámbito y hemos podido iniciar una nueva línea de investigación sobre procedimientos tributarios y derechos y garantías de los contribuyentes. Esta línea converge con nuestros estudios comunitarios. Por ejemplo, el profesor Martínez Giner ha publicado una monografía sobre las garantías de los contribuyentes en los procedimientos de intercambio de información entre Estados miembros de la Unión Europea. Se trata de las situaciones en las que la Administración española necesita el apoyo de otro Estado. Otra profesora del grupo, Yolanda Martínez, investiga sobre la protección de los derechos de los contribuyentes en los procedimientos tributarios en el marco de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En relación con el tema de la lucha contra el fraude, ¿hacia dónde dirige sus estudios en este ámbito?
Actualmente me concentro en las normas antiabuso. En concreto he escrito un artículo sobre jurisprudencia española y comparada en esta materia. Otra de las cuestiones relacionadas con este campo en la que me interesa profundizar en los próximos años es en un nuevo marco de referencia para la relación entre la Administración y el contribuyente. Aquí confluyen las experiencias adquiridas en el Consejo para la Defensa del Contribuyente, pero también hay un componente internacional muy importante porque precisamente ha sido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la que está impulsando un nuevo marco de relaciones basado en la cooperación y la confianza. Empiezan a publicarse artículos en este sentido y han surgido varios foros de discusión. La Comisión Europea está interesada en el tema y, en España, la posición de la Agencia Tributaria es muy favorable. De hecho, ya ha habido avances en cuanto al establecimiento de este nuevo marco con las grandes empresas.
Es un tema interesantísimo desde el punto de vista de científico porque es un campo a explorar al estar impulsado desde organizaciones internacionales. La tesis mayoritaria por ahora es que no hace falta un cambio legislativo importante, pero sí sería necesaria una aproximación desde el punto de vista de la investigación del Derecho para estudiar la base legal, el fundamento constitucional, los principios aplicables, etc. con implicaciones incluso en el ámbito una de la dogmática jurídica que, en nuestra materia siempre centrada en la configuración de la relación tributaria.
¿Podríamos decir que se espera que el ciudadano confíe más en las instituciones tributarias?
Hemos pasado de la relación de poder del siglo XIX y XX a una relación de mayor igualdad con la aparición de los Estatutos del Contribuyente y leyes de derechos y garantías. Pero al mismo tiempo, existe actualmente una desconfianza por parte de la ciudadanía que, como contribuyentes, están obligados al cumplimiento de las obligaciones tributarias, y el incumplimiento conlleva sanciones e incluso condena por delito fiscal. El nuevo marco pretende transformar esa relación en un nuevo marco de cooperación, regido por la confianza, transparencia y acuerdo entre ambas partes. Este cambio de mentalidad ha venido determinado por la crisis económica con las nuevas normas sobre transparencia, lo que se ha venido a llamar “good governance”, es decir, las normas de gobierno corporativo de las sociedades para evitar las prácticas fraudulentas o abusivas: la responsabilidad de los administradores, el tener unas reglas de juego claras y una transparencia de los comportamientos de la sociedad, sobre todo de cara a la confianza de los acreedores y de los accionistas. Precisamente, uno de esos acreedores es la Hacienda Pública, por lo que se pretenden introducir aquí también estas reglas de transparencia.
Entonces ahora es el momento ideal para que la investigación jurídica se centre en esta cuestión.
Tiene mucho que ver con el trabajo que realizo en el Consejo. Siempre he considerado que este órgano es un barómetro que pulsa el estado de las relaciones entre ciudadanía y Estado. Los debates sobre las quejas de los contribuyentes en el Consejo son especialmente interesantes porque participan en él los directivos de la Agencia Tributaria, del Catastro, del Ministerio, etc.
¿Dónde están los principales problemas de los contribuyentes?
Las quejas son, en principio, muy variadas en cuanto a su objeto. Sin embargo, sí he de decir que en comparación con la enorme cantidad de actos de la Agencia Tributaria, el número de quejas es bajo. La explicación es que es una Administración que sigue el modelo americano y que presenta un grado de eficacia notable, muy por encima de la media del resto de la Administración española, aunque en ocasiones se producen situaciones desproporcionadas sobre los contribuyentes y ese es el marco en el que se producen las quejas.
En general, ¿estamos protegidos ante la Administración?
Eso desde el Consejo no se lo podría contestar porque, insisto, el número de quejas es bajo. El barómetro para eso lo dan más bien las resoluciones de los Tribunales Económico-administrativos, las instancias previas a los Tribunales de Justicia. La conflictividad jurisdiccional, esto es, los casos que llegan a los tribunales, en materia tributaria es alta, pero no más alta que en otros países. Esto se debe principalmente al alto número de contribuyentes, a un ordenamiento tributario complejo, y a la potencia de las Administraciones Tributarias.
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