Revistas ‘open access’: la vocación pública frente a “que pague el autor”

En el mundo académico los científicos nos topamos a menudo con la controvertida cuestión de dónde publicar. Las revistas científicas siguen siendo el principal altavoz para hacer llegar los avances de investigación al resto de nuestra comunidad y a la sociedad en general. Han alcanzado tanto poder de comunicación que en ocasiones es más importante dónde publicas que lo que publicas. Buen ejemplo de ello son las bienquistas Nature o Science (por citar las más populares), auténticos guardianes del saber y fuente de prestigio. Recibir un premio Nobel pasa hoy, irremediablemente, por hacer públicos los avances científicos en estas u otras revistas del ramo.

Ante una situación tan estratégica, con un considerable poder de influencia y la existencia de conflictos de interés entre autores y compañías editoriales, se abre la puerta a ciertas suspicacias ante una posible falta de imparcialidad. El ejemplo al que comúnmente se alude ilustra el interés de los laboratorios farmacéuticos por favorecer aquellas investigaciones en biomedicina que repercuten de manera positiva en la venta de sus productos. Pero en menos ocasiones se pone el acento en la excesiva concentración de las distintas publicaciones en un grupo reducido de firmas editoriales (lo que constituye un lobby empresarial).

Prestemos atención a una disciplina concreta como la geografía. Existen 78 revistas científicas para el área de geografía de reconocido prestigio (indexadas en los Journal Citation Reports de Thomson Reuters).

Tras la aparente diversidad temática y geográfica se observa que la mayoría de estas revistas pertenecen al sector editorial privado —con base en Reino Unido y Estados Unidos— hasta el punto de que más de la mitad de todos estos títulos están publicados tan solo por dos editoriales (Taylor & Francis y Wiley-Blackwell).

Es si cabe más llamativo que la minoría de revistas que no pertenecen a firmas comerciales (las sacan adelante grupos de investigación, departamentos universitarios, sociedades científicas...) proceden de ámbitos no angloamericanos, permiten la publicación en otros idiomas distintos del inglés y, lo que es más significativo, publican en acceso abierto, sin costes para el lector ni para el autor.

El acceso abierto viene siendo así una seña de identidad y una declaración de intenciones de las editoriales con vocación de servicio público, que ponen a disposición de todo el mundo los resultados científicos de sus autores sin pretender un lucro económico a cambio.

Vocación de servicio

Por un lado es normal: si eres una institución pública puedes publicar, subir o colgar los artículos de manera abierta y gratuita, mientras que si eres una empresa privada te ves en la necesidad de establecer un precio para sufragar los costes. Lo que resulta más extraño es que la mayor parte de las grandes firmas comerciales (las antes señaladas, pero también Elsevier, Spriger, PLOS, BioMed Central...) ahora ofrecen una parte importante de artículos y volúmenes enteros en abierto, con lo que es posible descargar una versión electrónica sin coste alguno. La clave reside en que es el autor (o autores) quien paga por verse publicado.

Imaginemos a un músico que tiene que pagar por dar un concierto, a una arquitecta que tiene que pagar por diseñar un edificio o a un dentista que tiene que pagar por operar la boca de un paciente. Resultaría sorprendente que estas personas deban desembolsar en lugar de cobrar por ofrecer un servicio profesional. Sin embargo, en el mundo de las publicaciones científicas esto se ha convertido en norma. El movimiento Open Access, como se conoce en inglés, surge a principios de la década de 2000 para plantear que, con la universalización de los medios digitales, las contribuciones científicas sean más accesibles, es decir, estén libres de barreras económicas, técnicas o administrativas.

Sin embargo, es en este punto donde creo que hay que hacer matizaciones. Habría que distinguir entre dos formas de entender el acceso abierto, dos perspectivas para un mismo hecho, dependiendo de en qué contexto académico nos encontremos. En el mundo científico angloamericano, el Open Access a menudo da por hecho (eso sí, no siempre) que es el autor el que asume los costes, el que paga. Alguien tiene que hacerlo. A estas fórmulas se las conoce como article processing charge, pay-per-publish, fee-based open-access journals... En el anterior caso del área de geografía, por seguir con un ejemplo ilustrativo, dos de cada tres revistas aplican una tarifa al autor de 2.000-2.500 euros si quieren que su artículo esté en abierto.

Organismos que pagan para que sus autores publiquen

Por lo general el autor que se acoge a esta solución no lo paga de su bolsillo, sino que son sus instituciones (universidades, centros de investigación, etc.) las que corren con estos costos. Por lo tanto, lo que se ahorran estos organismos públicos en las suscripciones anuales de sus bibliotecas repercute por el otro lado en los presupuestos destinados a sufragar gastos de investigación para publicar en abierto. En consecuencia, el posible ahorro queda en entredicho (o el vulgar “desvestir a un santo para vestir a otro”).

De otra parte, en el ámbito no angloamericano (países latinos y centroeuropeos, principalmente) el acceso abierto sin costes para lector ni autor viene siendo una práctica común y generalizada, al menos en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, desde que muchas editoriales institucionales empezaron a editar sus publicaciones de forma electrónica. Es decir, poder leer y descargar los artículos no tiene repercusiones económicas para nadie, lector o autor. Está claro que la viabilidad económica de esta fórmula implica un coste, pero está asumido como parte de las competencias de los actores involucrados en su ejercicio de servicio público: editores, comité científico, revisores, etc. no cobran honorarios ni regalías, pues su trabajo ya está remunerado en su sueldo ordinario.

Con todo ello no se debe menospreciar el imprescindible papel que juegan las editoriales comerciales en el sostenimiento de una red global de transferencia e intercambio de conocimientos científicos. Siempre han estado allí y hoy son parte del cimiento donde se construye el saber académico.

Sin embargo, son estas revistas las que han recibido tradicionalmente el mayor foco de atención y prestigio, cuando creo que el verdadero mérito está en ese grupo de revistas de primera magnitud pero colocadas una fila por detrás, que consigue similares índices de impacto para la comunidad científica sin perder de vista la vocación pública. Esto se traduce en una garantía de calidad y transparencia que podría verse comprometida desde el sector privado, condicionado por la búsqueda del lucro.

Bajo esta premisa subyace el debate sobre la sostenibilidad económica del sistema editorial científico. Desde el sector comercial siempre se ha defendido que mantener todo el mecanismo que mueve una revista cuesta mucho: revisión, edición, publicación, distribución, comunicación, márquetin, etc. Pero también es cierto que hoy en día existen revistas institucionales, sustentadas con muy pocos fondos, indexadas en las principales bases de datos, a las que acude la comunidad científica por la calidad de su contenido y por ser referentes en sus respectivas disciplinas. Desde luego, los geógrafos podemos contar con ellas.

En un escenario futuro deseable, no habrá que esperar mucho para conocer a premios Nobel que hagan de las publicaciones en acceso abierto —entendido libre y universal para todos los usuarios, también autores— la plataforma con que proyectar al mundo sus conocimientos, sus avances y sus experiencias científicas.