El 23 de octubre de 2000, hace ahora una década, fueron recuperados los restos de 13 personas republicanas asesinadas en octubre de 1936 en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo. Era la primera exhumación de una fosa común con víctimas de la represión franquista realizada con técnicas arqueológicas y forenses y marcaba el inicio de una larga investigación multidisciplinar. SINC habla con Francisco Ferrándiz, antropólogo y coordinador del proyecto Políticas de la Memoria.
El proyecto en el que está inmerso pretende fomentar una investigación interdisciplinar, internacional y comparativa sobre el impacto que están teniendo las exhumaciones de fosas comunes en España ¿Cómo han realizado este complejo trabajo de campo?
Hemos estado presentes en un centenar de exhumaciones, lo cual quiere decir que tenemos una experiencia muy dilatada que nos permite a partir de ahí, construir una reflexión teórica muy fundamentada en un capital documental muy amplio.
Desde la antropología social, ¿cuál es el seguimiento de las exhumaciones?
Nos interesa el tipo de testimonios que nos transmiten los familiares después de 70 años, cómo se refieren a su memoria y a la de sus familias. Analizamos además los rituales que se generan en las propias exhumaciones y el impacto que tienen en los municipios, en las comunidades autónomas y en el país entero. Seguimos los medios de comunicación y estudiamos los discursos que hay según las líneas editoriales. Es decir, los antropólogos nos encargamos de analizar la multiplicidad de elementos sociales, culturales y simbólicos que se derivan de la apertura de las fosas.
¿En qué fase de la investigación están en la actualidad?
El proyecto comenzó en enero de 2010 y dura hasta finales de 2012. Es un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). Sin embargo, algunos miembros del proyecto han estado trabajando sobre el terreno con exhumaciones desde el año 2000. Francisco Etxeberria, por ejemplo, forense y profesor de medicina legal de la Universidad del País Vasco, que empezó con todo esto, ha establecido todos los protocolos técnicos y científicos, y ha hecho muchos de los informes forenses con más enjundia en España.
En mi caso, comencé a trabajar en 2003, tengo siete años de bagaje en estudio de fosas comunes. Por lo que, aunque es un proyecto que empieza este año, nosotros llevamos trabajando mucho tiempo y conocemos a los actores sociales que han formado parte del proceso y tenemos la capacidad de estar informados de prácticamente todo lo que sucede en el país.
¿Hay un mapa sobre las fosas? ¿Cuántas están en proceso de estudio?
No hay un espacio institucional que lleve un censo de cómo se están haciendo estos procesos. Existe un protocolo del Ministerio de Presidencia que todavía no ha sido aprobado y, por lo tanto, se está actuando en cada Comunidad Autónoma con protocolos que se hacen ad hoc, con protocolos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) o con protocolos estándar en este tipo de procedimientos. El único registro centralizado que existe lo está llevando a cabo la Sociedad de Ciencias Aranzadi, cuyo presidente es Francisco Etxeberria, que ha conseguido subvenciones para hacer un archivo centralizado de las exhumaciones.
¿Por qué es importante que el equipo de científicos sea multidisciplinar?
Las exhumaciones son enormemente complejas. Hace falta la experiencia técnica de diferentes tipos de especialistas para entender la globalidad del proceso. Si hiciéramos una aproximación, por ejemplo, netamente forense nos quedaríamos muy pegados a los restos y no entenderíamos bien los procesos que se derivan hacia lo social, hacia lo jurídico o hacia lo político. Es fundamental para tener una visión completa y realista de todo el proceso.
El archivo de exhumaciones llevadas a cabo en España desde el año 2000 esta accesible en la página web del proyecto.
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El estudio de miles de fragmentos de hueso de 338 individuos enterrados en un yacimiento de Álava indica que fueron víctimas de multitudinarios y violentos enfrentamientos hace unos 5.000 años. El trabajo lo lidera una investigadora de la Universidad de Valladolid.
