Cultivos transgénicos y ecológicos: una coexistencia imposible

El trabajo, realizado por Rosa Binimelis, investigadora del ICTA que trabaja en el proyecto europeo ALARM (Assessing Large Scale Risks for Biodiversity with Tested Methods), analiza la aplicación del concepto de coexistencia entre Organismos Modificados Genéticamente (OMG) y la agricultura convencional y ecológica a la Unión Europea. Los resultados de la investigación han sido publicados en la revista “Journal of Agricultural and Environmental Ethics”.

Desde su introducción, el año 1998, en el estado español, el cultivo de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) se ha caracterizado por una fuerte polémica, que ha cristalizado, en los últimos años, en el debate sobre el concepto de coexistencia entre los cultivos transgénicos y los convencionales y biológicos. Este concepto fue introducido el año 2002 por la Comisión Europea con un doble objetivo: por una parte, debía gestionar los problemas derivados de la mezcla entre los diferentes cultivos, dado que hay un acuerdo internacional de los productores ecológicos en contra de la utilización de OMG. Por otra, debía facilitar el levantamiento de la moratoria europea de facto –no reconocida formalmente– a la introducción de nuevos cultivos transgénicos. Así, el concepto de coexistencia debe permitir, a través del establecimiento de medidas técnicas, operar libremente en el mercado mientras se reducen los conflictos políticos vinculados a los OMG. La Comisión Europea tiene previsto realizar este año una evaluación sobre cómo se ha ido implementando en la práctica el concepto de coexistencia durante los últimos diez años.

Los estudios previos en esta materia habían sido realizados antes de la introducción de OMG, basados en casos experimentales o en modelados, puesto que no hay prácticamente cultivos a escala comercial en el resto de países europeos. El trabajo de la investigadora del ICTA, en cambio, analiza la situación en Cataluña y Aragón, donde hay cultivo comercial de OMG desde 1998. Se trata, pues, de una investigación única y especialmente relevante para la evaluación que debe hacer este año la Comisión Europea. El estudio ha sido realizado a través de técnicas cualitativas y análisis del discurso, a partir de 51 entrevistas (22 con agricultores y el resto con actores relevantes desde el punto de vista político, incluyendo representantes de la administración, científicos, académicos así como a miembros de ONG y otras entidades y plataformas).

La situación de ambos cultivos el año 2007 era la siguiente: la superficie plantada con maíz transgénico en Cataluña y Aragón era de 23.000 y 35.900 ha, respectivamente, lo que suponía un 55 y 42% del total sembrado con este cereal. Se trata de maíz Bt, diseñado por ser resistente al ataque del gusano barrenador. Prácticamente toda la producción se destina a la fabricación de piensos. El sector está fuertemente integrado a través de las cooperativas de cereales, que venden los insumos, lavan la maquinaria y procesan y venden el producto, al tiempo que proporcionan asistencia técnica. Este sistema implica la concentración de infraestructuras, dificultando y encareciendo la segregación de la producción GM y la convencional y ecológica. No hay secaderos ni almacenes específicos para el maíz ecológico y convencional, mientras que sólo una minoría de las cooperativas en la zona restringe el uso de OMG. Al mismo tiempo, la agricultura ecológica, en general, también está en expansión -tanto en superficie plantada como en número de operadores-, a pesar de que esta tendencia se ha revertido en el caso del maíz ecológico.

El análisis de la investigadora sobre cómo se concibe e implementa la coexistencia pone de manifiesto una fuerte confrontación social entre los partidarios y los detractores en cuanto a las consecuencias que pueda tener la biotecnología agrícola y, por lo tanto, las medidas a tomar y las acciones de reparación y responsabilidad que se puedan derivar en caso de mezcla entre cultivos transgénicos y ecológicos. Esta división se mantiene también a la hora de definir las medidas técnicas que puedan garantizar la coexistencia, a través de un fuerte cuestionamiento de sus objetivos. Finalmente, el estudio analiza las dificultades para reclamar compensaciones en caso de que se produzca la mezcla entre cultivos transgénicos y aquellos que no lo son, debido a las incertidumbres técnicas para medir el nivel de transferencia genética y su origen, pero también a la situación de confrontación social que se deriva y a las particularidades sobre cómo la biotecnología agrícola fue introducida. Frente a esto, muchos agricultores afectados deciden no hacerlo público para no hacer frente a un juicio dentro de las comunidades rurales.

Como resultado, entre 2004 (año en que se realizaron los primeros análisis) y 2007, la superficie cultivada con maíz ecológico disminuyó un 75% en Aragón; y alrededor del 5% entre 2002 y 2005 en Cataluña. En el caso de la comunidad catalana el porcentaje es menor, debido a que sólo se tienen datos de los primeros años de análisis, cuando el cultivo de maíz genéticamente modificado no estaba tan extendido como en la actualidad. Esta tendencia decreciente ha sido confirmada por los organismos de certificación ecológica para los años siguientes, hecho que comporta una fuerte dificultad para obtener maíz de producción ecológica local.

En este contexto, el estudio concluye que el concepto de coexistencia y las diferentes propuestas para su implementación no sólo no han resuelto los conflictos previos existentes, sino que han generado otros nuevos, a través de la individualización en la elección del modelo agrícola y también en la interpretación de los impactos que se derivan, dado que sólo aquellos aspectos que pueden ser individualizados y valorados económicamente son tenidos en cuenta en el sistema de compensación. El resultado ha sido hasta ahora la promoción de la agricultura biotecnológica por encima de otras alternativas.