Resulta necesario armonizar mejor toda la normativa legal existente en materia de consumidores. Esa es de las principales conclusiones de un proyecto de investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza la protección del consumidor en España desde la perspectiva del Derecho.
La idea de iniciar esta investigación surgió ante la enorme dispersión normativa existente en materia de consumidores, lo que hacía necesario, según los investigadores, realizar un estudio sistemático para lograr elaborar una "parte general” que recogiera los principios y reglas comunes referentes a las distintas leyes de protección de consumidores. Durante la vigencia de este proyecto de investigación se publicó el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), pero "dicho texto legal no ha solucionado los problemas existentes, porque ha dejado fuera importantes leyes especiales y no contiene una normativa coherente sino que, al contrario, hay inexplicables contradicciones", comenta el responsable del estudio, Jorge Caffarena Laporta, Catedrático del Departamento de Derecho Privado de la UC3M.
En cuanto a la normativa existente, a pesar de las carencias manifestadas por estos investigadores, como su falta de sistemática, sus contradicciones y sus textos farragosos, resulta difícil negar su carácter claramente protector del consumidor. "Ahora bien - puntualiza el profesor Caffarena - los defectos citados producen confusión y generan inseguridad sobre el alcance de sus derechos en el consumidor, aunque seguramente el problema radica en la práctica". Y es que si las empresas vulneran los derechos del consumidor, no existen instrumentos efectivos que permitan a éste reclamar con éxito: "Dada la escasa cuantía de la mayoría de las operaciones de consumo y los gastos y dilaciones que conlleva un proceso judicial, al consumidor muchas veces no le interesa demandar judicialmente a la empresa con la que ha contratado", explica. Es importante un mayor desarrollo del arbitraje de consumo.
Un Código del Consumidor
En otros países como Francia e Italia se ha redactado ya un Código de consumo. "En España sería deseable - apunta Caffarena - redactar uno o integrar las reglas generales de protección de consumidores en el Código civil". El objetivo de esta línea de investigación busca precisamente proponer las bases para la redacción de un texto que tenga en cuenta toda la normativa vigente, para armonizarla y hacer posible una más razonable transposición de las directivas comunitarias conforme a un cierto sistema de principios e instituciones. "El intento del legislador de homogeneizar la materia de protección del consumidor mediante la publicación de un Texto Refundido LGDCU pone de manifiesto que se ha tratado de una operación prematura, poco meditada, que hubiese necesitado una reflexión jurídica mucho más madura - según Caffarena - , porque se ha limitado a yuxtaponer la legislación sectorial en la materia y complicar el panorama en determinados casos", concluye.
Los investigadores han elaborado un conjunto de recomendaciones de cara a desarrollar un Código del Consumidor. Por una parte, señalan, habría que comenzar por caracterizar la figura del "consumidor", dado que las leyes sobre protección del mismo no siempre se refieren a un mismo destinatario. Por otra parte, habría que utilizar una terminología uniforme, puesto que diversos términos técnicos (resolución, revocación, rescisión, etc.) no siempre se emplean con la misma significación. Además, aclaran los investigadores, habría que regular las instituciones conforme a los mismos criterios o justificar las diferencias que median entre unos supuestos y otros, eliminando las incoherencias derivadas de la sectorización del tratamiento de los problemas que ha provocado que la situación global de esta rama legislativa sea desde hace algún tiempo insostenible, como ha reconocido el propio legislador.
Los miembros del grupo de investigación de la UC3M que han realizado este proyecto nacional, titulado "Hacia un Código del Consumidor", han analizado el caso de las instituciones más relevantes relacionadas con la materia de protección de los consumidores y usuarios en campos como la caracterización del consumidor, la publicidad y la oferta vinculante, la forma del contrato, las obligaciones de información o el derecho de desistimiento, entre otras cosas. No obstante, comentan, tienen otras investigaciones en curso sobre temas relacionados con esta materia, como las condiciones abusivas impuestas por los empresarios o la falta de conformidad y garantías en la venta de bienes de consumo.
Más información:
Oficina de Información Científica de la Universidad Carlos III de Madrid
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