Cuatro siglos después de Galileo, los científicos aún son perseguidos por hablar: las leyes no deben usarse para reprimir el debate. El investigador y periodista estadounidense reflexiona sobre la responsabilidad de la comunidad científica para hablar de temas sobre los que detentan un conocimiento experto, sobre todo si este conocimiento puede aportar mejor información al debate político.
En 1633, el astrónomo y físico italiano, Galileo Galilei, fue sometido a juicio por la Iglesia Católica por sugerir que la Tierra podría no ser el centro del Universo, y fue encontrado culpable. Casi 400 años después, los científicos y aquellos que hablan en su nombre aún son perseguidos por expresar opiniones basadas en sus conocimientos científicos.
Hace tres años, por ejemplo, un médico local llevó a juicio a la Academia de Ciencias de Nigeria por haber criticado su afirmación en el sentido de haber desarrollado una vacuna contra el VIH/SIDA (ver HIV ‘cure’ doctor sues science academy).
El año pasado, un periodista científico británico, Simon Singh, fue encontrado culpable de difamación por publicar en un diario un artículo en el que catalogaba como “falsas” algunas afirmaciones hechas por quiroprácticos, quienes aseguran tratar varias dolencias manipulando la columna vertebral. La sentencia fue revocada recientemente tras su apelación.
Mientras tanto, la Universidad de Virginia (EE UU) está siendo investigada por el procurador general del Estado debido a afirmaciones hechas por un ex académico de esa casa de estudios, Michael Mann, quien en documentos de solicitud de financiamiento planteó sus puntos de vista sobre la gravedad del calentamiento global, los cuales han sido desafiados por escépticos del cambio climático.
Ahora, un prominente biólogo de Perú tiene en suspenso una sentencia de prisión por describir como “falsa verdad” una afirmación hecha por una bióloga que dijo haber detectado en cultivos de maíz local material genéticamente modificado producido por empresas comerciales (ver Científicos apoyan a biólogo peruano declarado culpable).
Comprometerse con el debate
Estaría mal, por supuesto, esperar que los científicos operaran bajo reglas diferentes al resto de la sociedad. Cuando se comprueba que un investigador ha tenido un comportamiento fraudulento, como en el caso del uso deliberado de afirmaciones falsas para obtener fondos del gobierno, una sanción con base en la ley es, sin duda adecuada. Pero la ley no debe usarse para penalizar a los científicos que critican las opiniones de aquellos que carecen de credenciales científicas, o aquellos cuyas controvertidas diferencias con otros científicos alcanzan el dominio público.
En los casos anteriores, se han tomado acciones legales o se ha amenazado a científicos o periodistas científicos principalmente por declaraciones que no se basaron en una disputa puramente científica, sino por desacuerdos científicos que forman parte de importantes debates públicos. En un momento cuando la relación entre la ciencia y la sociedad juega un papel cada vez más importante en cuestiones de desarrollo — desde la prevención de enfermedades hasta la seguridad alimentaria — es esencial que las leyes obsoletas o erróneas no desalienten a los científicos a participar en esos debates, donde ellos pueden asegurar una discusión basada en la evidencia.
Alcance de la libertad académica
Los títulos académicos no dan a los científicos el derecho a decir lo que quieran acerca del comportamiento de los demás. Los investigadores deben limitarse a cuestiones en las que puedan demostrar un nivel adecuado de conocimientos. La libertad académica no se extiende a cuestionar las motivaciones de otros investigadores, sólo a la verdad o falsedad de sus declaraciones. Esto es similar a la forma en que la libertad de prensa no se extiende, por ejemplo, a invasiones a la vida privada. Pero en cualquier caso, los tribunales no deben ser los árbitros en las disputas sobre la validez de las afirmaciones con base en evidencia científica demostrada o hipotética. El proceso de revisión por pares, a pesar de tener muchos defectos, es todavía el mejor mecanismo que tenemos para hacer juicios sobre los avances científicos y las diferencias. La acción legal no debe usarse para prevenir a un científico de hacer declaraciones públicas basadas en una opinión experta, no importa qué tan enérgicamente se exprese o qué tan discutido es el tema.
Aplicar las leyes
Es conveniente que esta cuestión esté siendo abordada por las academias nacionales de ciencia (como en el caso de Perú). Pero la preocupación debe extenderse más allá de la comunidad científica. Todos los países deben analizar sus leyes sobre difamación y evaluar si ello podría desalentar a un debate informado sobre cuestiones clave de interés social.
Por ejemplo, la nueva coalición de gobierno de Gran Bretaña se ha comprometido a estudiar los cambios legales que protejan mejor a las personas, como en el caso de Singh, y les permitan desempeñar un papel fuerte en los debates importantes, sin temor a que una frase ambigua pueda llevarlos a la quiebra personal, o incluso a una sentencia de prisión.
Otros países -como aparentemente es el caso de Perú- que actualmente tienen la facultad de actuar contra los científicos deberían considerar si es de interés público hacerlo. La reciente amenaza del gobierno indio de encarcelar a los investigadores que alertan contra los peligros de los cultivos modificados genéticamente es un ejemplo de ello (ver Mutual respect in the GM crop debate).
Los científicos tienen la responsabilidad de hablar de temas sobre los que detentan conocimiento experto, sobre todo si este conocimiento puede aportar mejor información al debate político. Pero la sociedad, a su vez, tiene la responsabilidad de proteger a los científicos cuando lo hacen.
David Dickson es periodista e investigador en comunicación de la ciencia. También es Director de la plataforma internacional SciDev.Net, donde ha sido publicada esta tribuna en forma de editorial.
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