Desde 1980 hasta 2011, el promedio de parlamentarias en el conjunto de las cámaras autonómicas españolas ha pasado del 6% al 42,1%, un incremento más rápido que el experimentado en Canadá y Estados Unidos. Así lo revela un estudio en el que participa la Universidad Complutense de Madrid, donde se pone de manifiesto que las mujeres se encuentran infrarrepresentadas en los puestos más importantes de estos órganos.

La Cámara baja ha dado hoy luz verde a la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Tras dos años desde que se presentó el borrador, la norma modifica ocho leyes y aspira a “poner a la ciencia en el centro de la sociedad y a la innovación, en el centro de la economía”, según ha declarado Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación, en el Congreso.

En su intervención en el Parlamento europeo, la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha anunciado que la Presidencia española de la Unión Europea (UE) promoverá las iniciativas en I+D que mejor responden a retos como las nuevas fuentes de energía, el cambio climático, la salud, el envejecimiento, y sobre todo la recuperación económica. Según la ministra, España reforzará también el papel de la ciencia y la innovación en la cohesión social y en la lucha contra la pobreza.

Investigadores de la Universidad de Granada han diseñado un novedoso sistema de búsqueda de información para la web del Parlamento de Andalucía. Se trata de un motor de búsqueda basado en modelos matemáticos bayesianos (sobre cálculos de probabilidades), es decir, basado en Técnicas Avanzadas de Inteligencia Artificial (TIA).

El pleno del Parlamento de Cataluña ha aprobado una resolución sobre la atención a la Fibromialgia y el Síndrome de fatiga crónica (FM y SFC), lo que supone un gran avance en su tratamiento desde el sistema público de sanidad. La resolución admite que el desconocimiento de esta enfermedad ha perjudicado a las personas que la padecen, y que sin el reconocimiento necesario de incapacidad laboral, existe el riesgo de exclusión social para los pacientes.

Tras varias horas de debate, el Parlamento británico rechazó rebajar el plazo límite legal para interrumpir el embarazo de las 24 semanas de gestación, establecido en 1990. Con esta decisión se pone punto final a las cuestiones más controvertidas de la nueva normativa. Asimismo se descartó que las clínicas especializadas valoraran la existencia de un padre antes de ofrecer sus tratamientos de reproducción asistida.

Greenpeace critica los insuficientes objetivos de renovables de PSOE y PP y su ambigüedad en cuanto al abandono de la energía nuclear y ha llevado a cabo un análisis comparativo de los capítulos sobre energía de los programas electorales disponibles de los partidos políticos con grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados.