La nueva normativa española verá la luz en un momento de pandemia en el que la Unión Europea está haciendo un esfuerzo histórico para “modernizar” la economía, entendiendo por tal la suma de la digitalización y la transición ecológica. Además, su texto insiste en un cambio que incorpore los criterios de justicia social, con un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades.