Tras varias horas de debate, el Parlamento británico rechazó rebajar el plazo límite legal para interrumpir el embarazo de las 24 semanas de gestación, establecido en 1990. Con esta decisión se pone punto final a las cuestiones más controvertidas de la nueva normativa. Asimismo se descartó que las clínicas especializadas valoraran la existencia de un padre antes de ofrecer sus tratamientos de reproducción asistida.
