“El reto en Educación para la Ciudadanía es formar en derechos humanos sin incursiones ideológicas”

La cátedra que usted dirige lleva por título “Ciudadanía democrática y libertad cultural”, ¿en qué consiste la libertad cultural?

Ana Vega: Es una manifestación más de la libertad humana; la libertad para elegir la identidad propia, lo que uno es, sin perder el respeto por los demás ni verse excluido a causa de la propia identidad. Nacemos con esa identidad, pero tenemos capacidad crítica para aceptarla o no, o para cambiarla. Nuestra identidad no puede ser una cárcel.

¿Es precisa la libertad cultural para que una sociedad pueda considerarse realmente democrática?

Sí, la libertad cultural es imprescindible en una sociedad democrática. Los derechos más representativos de una democracia son los de participación y la libertad cultural refuerza la participación. Es necesario poder manifestar la pluralidad de identidades sin que ello genere discriminación.

La Declaración de Friburgo sobre derechos culturales indica que “toda persona tiene derecho a elegir y a que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de expresión”. ¿Cómo se conjuga ese derecho con el mantenimiento de unos valores comunes?

Necesitamos llegar a una complementariedad entre la diferencia y la unidad. Aquí entra en juego el concepto de universalidad de los derechos humanos: una cultura que no pueda ser universalizada porque tenga planteamientos que vulneren los derechos humanos pierde legitimidad. La diversidad es asumible hasta que deja de posibilitar la convivencia pacífica.

La llegada de inmigrantes a nuestro país hace cada vez más urgente la necesidad de articular vías de integración que eviten conflictos sociales. ¿Puede una persona integrarse en una comunidad cultural distinta a la suya sin perder su identidad?

Los inmigrantes ven un riesgo real de perder su identidad si se integran, y es algo muy comprensible. El traslado a otra cultura comporta una reconstrucción de mi propia identidad, no una pérdida. También están las expectativas respecto a la sociedad de acogida, y a la inversa. Si mi identidad es humillada o excluida, el proceso de integración es más difícil.

En nuestras investigaciones sobre la construcción de una ciudadanía democrática europea tenemos muy presente la situación de algunos grupos, sobre todo las minorías islámicas. Queremos analizar su punto de vista, y también el del ciudadano europeo, para comprobar hasta que punto unos y otros tienen o no voluntad de integrarse, porque no podemos olvidar que la verdadera integración es bidireccional. En la actualidad está muy difundido el prejuicio de que no es posible una democracia con islámicos, pero el Islam también cuenta con instituciones democráticas, que forman parte de su propia identidad, aunque en ocasiones ellos mismos parezcan haberlo olvidado.

Uno de los resultados esperados de esta cátedra es la edición de un manual sobre “Educación para la Ciudadanía”

Sí, un manual dirigido a estudiantes de primaria y secundaria que contribuya a la educación en derechos humanos, apoyada en los instrumentos internacionales de protección de Naciones Unidas y en la consolidada experiencia en la materia de la UNESCO.

¿Qué opina de la implantación de esta asignatura?

Mi opinión personal es que se trata de una asignatura conveniente, incluso necesaria ante un escenario nuevo de diversidad que presenta, además, rasgos preocupantes (xenofobia, racismo, apatía de los jóvenes respecto a la participación pública, etc.). Es una materia que puede contribuir a la responsabilización.

De lo que no estoy tan convencida es de si el diseño ha sido acertado, ni de los cauces empleados para su aprobación. Su finalidad sería generar cohesión social y lo que está generando es división. Algo ha fallado. ¿Hasta qué punto se han escuchado todas las voces?

Es evidente que la educación en España sigue siendo un campo de lucha ideológica. Este es un lastre que desgraciadamente todavía no hemos logrado abandonar, a pesar del alto precio que estamos pagando por ello. Un amplio sector de la sociedad española acusa al diseño actual de los contenidos de esta asignatura de adoctrinamiento, pero esta materia puede ser una buena herramienta de aprendizaje para gestionar la diversidad de forma constructiva.

El reto en Educación para la Ciudadanía es formar en derechos humanos sin desvirtuarla con incursiones ideológicas. La materia es necesaria, pero ha aterrizado en España con total partidismo. Sería una grave responsabilidad ideologizarla. Habríamos perdido una magnífica oportunidad de incorporar estos conocimientos al sistema educativo en un momento en que es muy necesario buscar un código común, unos valores cívicos que nos identifiquen y que son el mínimo imprescindible para poder convivir.

Y ¿cómo fijamos esos valores cívicos, ese denominador común? ¿quién lo determina?

Nuestra Constitución señala que el objetivo de la educación es el libre desarrollo de la personalidad, en el respeto de los derechos y libertades fundamentales. Hay que garantizar la libre construcción de la identidad, pero no a partir de la nada, sino a partir de un marco de convivencia que está definido con claridad tanto en nuestra Constitución como en la Unión Europea.

El denominador común es ese respeto a los derechos y libertades fundamentales. Y hay que explicar cuáles son, explicar los derechos humanos y el sistema jurídico de nuestra democracia. Son conocimientos imprescindibles para que cualquier ciudadano pueda participar activa y responsablemente en la sociedad.

Luego hay temas de gran calado ético que el sistema educativo debería abordar respetando siempre los derechos de los padres. Por ejemplo, al plantear si el embrión es titular o no del derecho a la vida. La asignatura puede ayudar a respetar, a aprender a razonar, a debatir, pero hay edades en las que es prematuro enfrentar al niño a determinados dilemas éticos. Y en esas edades en las que es difícil la autonomía moral, los padres tienen derecho a decidir la formación de sus hijos, porque son ellos quienes prioritariamente tienen la obligación de educarles.

Su grupo de investigación trabaja también en el análisis de políticas públicas, para determinar si hay en ellas un enfoque de derechos humanos. ¿En que consiste ese enfoque?

Al diseñar las políticas públicas ha de tenerse en cuenta que el ciudadano no es un cliente de la Administración, sino un titular de derechos y debe exigir el cumplimiento de las correspondientes obligaciones de los poderes públicos. Y además han de ser políticas inclusivas, que se adapten al máximo a la diversidad de destinatarios. Transparencia, participación, evaluación de resultados y rendición de cuentas son otras de sus características.

¿Cuáles son los proyectos más inmediatos en los que trabajan desde la cátedra UNESCO?

Además de las actividades de investigación aplicada y científica que desarrollamos, trabajamos en el campo de la formación, con proyectos como el diseño de un master o un postgrado universitario internacional en derechos económicos, sociales y culturales.

También estamos potenciando los programas de cooperación internacional universitaria, entre los que figura un proyecto para que universitarias de Costa de Marfil puedan formarse como agentes de desarrollo social.

Trabajamos en red con otras cátedras UNESCO de universidades como las de Friburgo, Bérgamo, Cotonou y Beirut. Esto nos aporta una riqueza de puntos de vista muy importante a la hora de analizar e impulsar los derechos culturales.