El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que unifica la legislación sobre alimentos y nutrición, y pretende minimizar los efectos negativos asociados a la alimentación, como la diabetes o la obesidad.
La nueva ley, que pone fin a la dispersión normativa actual y ha contado con un gran consenso en su elaboración, no sólo incorpora los aspectos relacionados con la seguridad alimentaria (alimentos que no contengan patógenos o contaminantes), sino que también recoge la promoción de hábitos de alimentación saludables que actúen en la prevención de enfermedades.
El texto recoge distintas medidas, entre las que destacan la obligación por parte de las comunidades y de la Administración General del Estado de informar de los controles oficiales; la creación de un sistema de información homogéneo en seguridad alimentaria, coordinado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN); y la creación de una Red Española de Laboratorios de Control Oficial de Seguridad Alimentaria, que reforzará la vigilancia y mejorará la gestión de la calidad. La ley también prevé actuaciones en el ámbito de la publicidad de los alimentos.
En el ámbito nutricional, el proyecto de ley aprobado hoy aborda distintos aspectos relacionados con la lucha contra la obesidad y la prevención de las enfermedades crónicas derivadas (diabetes tipo II, enfermedades cardiovasculares, etc.).
En concreto, el texto establece la obligación de actualizar la Estrategia para la nutrición, la actividad física y la prevención de la obesidad (NAOS, creada en 2005) cada cinco años. Para ello, se prevé la creación del Observatorio de la nutrición y el estudio de la obesidad, que realizará análisis periódicos de la situación nutricional de la población y de las cifras de obesidad en España.
Además, la ley también introduce por primera vez la prohibición de discriminación por razón de obesidad. Esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que, según la Encuesta Nacional de Salud, uno de cada dos adultos está obeso o tiene sobrepeso. Respecto a los niños y adolescentes, el 9,13% tiene obesidad y el 18,48%, sobrepeso; en resumen, uno de cada cuatro niños españoles tiene exceso de peso.
Minimizar el impacto negativo de los alimentos
En lo que respecta a la composición de los alimentos y la alimentación en el entorno escolar, la ley también propone medidas concretas. Así, en lo relacionado con las grasas trans, producidas en las operaciones industriales y que han demostrado ser perjudiciales para la salud, el texto establece la obligación de las industrias de minimizar el contenido de dichas sustancias en la cadena alimentaria.
En cuanto a la alimentación en el ámbito escolar, la ley promueve que la oferta alimentaria de los centros escolares sea variada y adecuada a las necesidades nutricionales de los alumnos. Para ello, los responsables de la supervisión de los menús serán profesionales acreditados en nutrición y dietética y los centros escolares proporcionarán a los padres información detallada sobre los menús y directrices para que la cena sea complementaria.
En las instalaciones que lo permitan, se elaborarán menús escolares adaptados a las necesidades especiales de los alumnos que padezcan alergias e intolerancias alimentarias. Y no se permitirán en los colegios la venta de alimentos y bebidas que no cumplan con una serie de criterios nutricionales.
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