El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) ascendió a 14.701 millones de euros en 2008 y alcanzó el 1,35% del PIB, con un incremento del 10,2% respecto a 2007. Mientras el sector de la Administración Pública crece el 13,8% respecto a 2007, el gasto empresarial en I+D lo hace un 8,3% respecto a 2007. Estos son los datos que el instituto Nacional de Estadística (INE) ha presentado hoy como la última actualización de las cifras estadísticas en materia de ciencia e investigación.
El INE ha realizado una investigación por muestreo de 31.800 unidades representativas del conjunto de empresas de 10 o más asalariados pertenecientes al ámbito de investigación. Desde el año 2002, esta operación estadística se realiza de forma coordinada con la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las empresas, ya que se analiza un censo de unidades estadísticas potencialmente investigadoras que se actualiza cada año, y que en esta ocasión tiene 23.900 unidades más de una muestra de empresas seleccionadas de forma aleatoria.
Por sectores de ejecución, el sector empresas presentó el mayor porcentaje sobre el gasto total en I+D (un 54,9%), que a su vez significó el 0,74% del PIB. Le siguió en importancia el sector Enseñanza superior (con un 26,7% del gasto total, lo que representó el 0,36% del PIB). El gasto en I+D de la Administración Pública fue un 18,2% del gasto total y un 0,25% del PIB. El 0,2% restante correspondió al sector de las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).
Así, el sector empresarial experimentó en 2008 un incremento en su gasto en actividades de I+D del 8,3% respecto a 2007. Además, en este sector el número de unidades que realizaron actividades de I+D creció un 2,6% respecto a 2007.
Por otra parte, el sector Administración Pública registró una tasa de crecimiento anual del 13,8% en el gasto interno en I+D.
Las actividades de I+D se financiaron sobre todo por la Administración Pública (un 45,6%) y el sector privado (un 45,0%) español. Los fondos procedentes del extranjero (5,7%), de la Enseñanza superior (3,2%) y de las Instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL, 0,5%) financiaron el 9,4% restante del gasto total de I+D.
Desequilibrios estatales
Las comunidades autónomas que realizaron en 2008 un mayor esfuerzo en actividades de I+D fueron Comunidad de Madrid (2,00% de su PIB), País Vasco (1,96%), Comunidad Foral de Navarra (1,92%) y Catalunya (1,61% de su PIB). Estas comunidades fueron las únicas que presentaron cifras de intensidad en el gasto de I+D superiores a la media estatal.
Por otro lado, las comunidades autónomas que presentaron mayores tasas de crecimiento fueron Castilla-La Mancha (24,2%), Extremadura (21,3%) y Cantabria (19,9%).
Durante el año estudiado, 215.676 personas se dedicaron a actividades de I+D en España, como equivalencia a jornada completa, lo que representa el 10,65 por mil de la población ocupada. Además, el colectivo de investigadores alcanzó la cifra de 130.966 personas, lo que supuso un 6,47 por mil de la población ocupada.
Sólo el 39,1% del personal en I+D eran mujeres. Los porcentajes más elevados de participación femenina en actividades de I+D se dieron en las IPSFL (56,6%) y en la
Administración Pública (50,9%). En las empresas este porcentaje se situó en el 30,1%.
La industria concentró el 44,4% del gasto en I+D en el año 2008. Por su parte, a las empresas del sector servicios les correspondió el 51,8% del mismo.
Por ramas de actividad destacaron la de Servicios de I+D (Clasificación Nacional de Actividades Económicas-CNAE 72), con un 20,2% del total del gasto, y la de Actividades profesionales, científicas y técnicas, excluida I+D (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75), con un 8,3%.
Entre los galardonados de esta edición se encuentran investigadores que han abierto nuevas vías en el tratamiento de enfermedades, aplicado la visión artificial a campos como la cirugía robótica o los coches autónomos, y contribuido a abordar la crisis ambiental con estudios de referencia sobre el cambio climático y la extinción actual de especies.
Pedro Sánchez ha anunciado hoy la puesta en marcha de un nuevo ecosistema de asesoramiento científico que se encargará de conectar al gobierno con las universidades y centros de investigación para mejorar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. Habrá además una convocatoria de dos millones de euros para la financiación de proyectos.
