Responsables de cuatro ministerios (Economía y Hacienda, Interior, Fomento e Industria, Turismo y Comercio), del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) han firmado un protocolo de actuación que marcas lo que hay que hacer cuando se detecte tráfico ilícito de material radiactivo en los grandes puertos españoles. El protocolo se enmarca dentro de una iniciativa mundial de seguridad nuclear propuesta por EE UU.
El director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria (Ministerio de Economía y Hacienda), Nicolás Jesús Bonilla; los Secretarios de Estado de Seguridad (Ministerio del Interior), Antonio Camacho; Transportes (Ministerio de Fomento), Concepción Gutiérrez del Castillo; Energía (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio), Pedro Luis Marín; la presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten; y el presidente de Enresa, José Alejandro Pina, han firmado este martes el “Protocolo de actuación en caso de detección de movimiento inadvertido o tráfico ilícito de material radiactivo en puertos de interés general”.
El responsable de Logística del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Santiago Javier Astudillo, ha resumido a SINC la función de cada institución en el caso de que en algún puerto español se localizara, mediante arcos de detección, un contenedor con material radiactivo: “Aparece la fuente, nosotros damos la alarma y la trasferimos al CSN, lo analiza, una Unidad Técnica de Protección Radiológica categoriza lo que es, Interior lo aísla y lo protege físicamente, y Enresa le da el destino adecuado según la legislación. Por su parte, Fomento, al que pertenece Puertos del Estado, cede el terreno de dominio publico, e Industria formaliza la instalación”.
El protocolo, pionero en la Unión Europea, se enmarca dentro de la Iniciativa Megaports de EEUU, que surgió en 2003 como parte de la política de seguridad nuclear del país norteamericano. El objetivo es que en 2015 más de 100 grandes puertos de todo el mundo (actualmente ya hay 30) cuenten con sistema o portales de detección de material radiactivo, lo que permitirá escanear más del 50% del tráfico marítimo mundial y activar sistemas de alarma en caso positivo.
Megaports en España
En España, el sistema Megaports se encuentra instalado y operativo en el Puerto de Algeciras. “El proyecto piloto se instaló en Algeciras, donde ahora se va a ampliar a una nueva terminal”, aclara Astudillo, “además de a otros dos puertos: el de Valencia en septiembre (EEUU cede el hardware), y el de Barcelona, a principios de 2011”. Para implementar el protocolo, se diseñará un plan de formación con las materias que afectan a las competencias de cada uno de los agentes implicados.
“Algeciras, Valencia y Barcelona representan actualmente el 75% del trafico portuario en contenedores con EEUU”, añade el experto, quien recuerda que la iniciativa Megaports se suma a otra de control de seguridad en los contenedores “mediante inspecciones no intrusivas a través de un escáner de radiación gamma (permite visualizar el interior). Ambas iniciativas surgieron a raíz de los atentados del 11-S en EEUU, que decidió establecer este tipo de iniciativas con los países con los que comercia.
La presidenta del CSN, Martínez Ten, ha destacado la importancia que supone la colaboración entre las seis instituciones firmantes del protocolo para controlar el tráfico de material radiactivo, y que se realice en las condiciones adecuadas de seguridad para las personas y el medio ambiente. "Esto permite al Estado español avanzar en la prevención y lucha contra el terrorismo nuclear, así como mejorar su posición dentro de iniciativas internacionales suscritas en la materia, como la Iniciativa Global contra el Terrorismo Nuclear, en cuyas actividades participa el Consejo".
En los últimos años se han producido diversas detecciones de material radiactivo en España, como un cargamento de acero inoxidable contaminado encontrado en el puerto de Valencia procedente de la India (se notificó y se reexportó), y una fuente radiactiva localizada en Algeciras propiedad de un constructor de Sevilla, que no la había declarado en el manifiesto de carga para agilizar los trámites administrativos.
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