Investigadores de la Universidad de Murcia (UM) abordan la cuestión de la cooperación entre familia y escuela proponiendo un cambio en la estructura organizativa de la escuela que permita a la familia participar activamente en la gestión de la escuela y hacerse co-responsable del proyecto educativo del centro. El estudio incide en que la familia es un medio indispensable de educación como lugar privilegiado de la experiencia del valor ético.
El debate sobre el reparto de la docencia entre el aula y el hogar no es nuevo. El profesorado argumenta que la educación no debe restringirse al espacio ni a las horas de clase, sino que debe tomar un papel integral gracias a la ayuda de las madres y los padres, pero ¿qué aspectos deben repartirse?
Pedro Ortega, el catedrático de la UM que ha dirigido la investigación, argumenta a SINC que “el conflicto abierto por la asignatura Educación para la ciudadanía ha despertado a muchas familias de su prolongado letargo y les ha llevado a ejercer el derecho a participar activamente en la tarea educadora de la escuela”.
En el trabajo, publicado en el último número de la Revista Española de Pedagogía, los pedagogos alertan del hecho de que las familias “empiezan a considerarse clientes, consumidores de los servicios educativos, a los que demandan mayor calidad en los productos. Se limitan a exigir servicios y a elegir los centros que mejor satisfacen sus preferencias”. El entorno afectivo inmediato del estudiante ha delegado, de este modo, en los centros su función socializadora y educadora.
Para los investigadores, el problema de fondo estriba “en la escasa conciencia colectiva de la necesidad de implicación efectiva de las familias en todo el proceso educativo y socializador del alumnado”, y “en la falta de voluntad política para afrontar el cambio que viene reclamando, desde hace mucho tiempo, la vieja estructura organizativa de nuestra escuela”.
El problema, desde el punto de vista pedagógico, tiene dos caras: en primer lugar, la desconfianza de los progenitores con respecto al trabajo profesional de quien ejerce la docencia y, como apunta Ortega, “la resistencia a colaborar en una labor de la que no se sienten co-responsables”. La otra cara de la moneda es, según este estudio, la escasa voluntad del profesorado para implementar mecanismos que hagan posible la participación efectiva de las familias en la gestión de los centros de enseñanza.
Cómo involucrar a las familias
El estudio propone la promoción de la “autonomía efectiva” de los centros para favorecer la “búsqueda de señas de identidad propias de cada centro en función del contexto sociocultural en el que está situado, de tal modo que los proyectos educativos de centro respondan a las necesidades e intereses de los sujetos, y sean estos proyectos de centro los que orienten realmente toda la acción educativa”, afirman Ortega y su equipo.
Existen sin embargo trabas para la aplicación de estas medidas, ya que el actual marco legal de participación de las familias en la gestión de los centros se está mostrando, según los expertos, ineficaz. “La historia de las AMPAS lo atestigua insistentemente”, apuntan desde la Universidad de Murcia.
Para el equipo de investigación, “merecería la pena arriesgarse y ensayar en algunos municipios un nuevo modelo autogestionado de escuela que garantizase los contenidos mínimos curriculares comunes a todos los centros de enseñanza y el respeto a nuestros principios constitucionales”. Esta solución, aseguran, haría posible regirse por normas emanadas de la propia comunidad educativa y seguir un proyecto educativo de centro “que responda a las necesidades e intereses del alumnado y del medio en el que el centro está ubicado”.
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Referencia bibliográfica:
Pedro Ortega Ruiz; Ramón Mínguez Vallejos; María A. Hernández Prados. “Las difíciles relaciones entre familia y escuela en España”. Revista Española de Pedagogía. número 243, mayo-agosto 2009.
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