El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sentenciado que el aborto deje de ser un derecho constitucional. Ahora, cada estado podrá decidir si mantiene esta práctica o, por el contrario, la ilegaliza. La medida ha generado mucha polémica y diversos colectivos y entidades no han dudado en mostrar su rechazo, entre ellos, la Sociedad Española de Contracepción.
Con los votos de los jueces conservadores, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido que no existe el derecho constitucional a la interrupción voluntaria del embarazo o aborto, dejando la decisión de permitirla o no a cada uno de los estados. Por este motivo, desde la Sociedad Española de Contracepción (SEC) manifestamos nuestra absoluta disconformidad con tal resolución y defendemos el cumplimiento de la legislación en España, así como la atención a las mujeres que la demandan en la sanidad pública.
“No existe discusión científica. Que el acceso seguro a la práctica del aborto salva vidas está fuera de toda duda”, aseguró hace unos días Tedros Adhanom Ghebreyessus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La decisión del Tribunal Supremo de EE UU es contraria al precedente sentado por la sentencia del caso Roe contra Wade, que dio en 1973 rango federal a la libertad de las mujeres de interrumpir el embarazo.
La realidad es que todas las mujeres deberían poder decidir sobre sus cuerpos y salud. Punto y final. El aborto seguro es parte de la asistencia sanitaria. Desde la SEC lamentamos el retroceso que esta sentencia significa para los derechos de las mujeres que deciden acogerse a él, un paso atrás de medio siglo en materia de salud sexual y reproductiva y una injusticia social.
Restringir el acceso al aborto lleva a miles de mujeres a optar por abortos inseguros, complicaciones graves y hasta la muerte. Limitar el acceso seguro cuesta vidas y origina un impacto mayor en aquellas de las comunidades más pobres y marginadas. Se trata de un derecho reproductivo que permite decidir si se quiere tener hijos y cuántos, lo cual incluye poder interrumpir un embarazo no deseado.
EE UU da así la espalda a cuatro décadas de avances en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo. Pensemos que la OMS cuantifica en 39.000 las muertes que causan los 25 millones de abortos inseguros que se realizan cada año en el mundo. Además, la gran mayoría de los fallecimientos (más del 90 %) podría haberse evitado.
Vista de una manifestación a favor de aborto, el 24 de junio de 2022, en Nueva York. /EFE/Justin Lane
En España se mantiene vigente la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo desde 2010, modificada el 22 de septiembre de 2015 para recortar los derechos que afectaban a las menores hasta los 16 años. Los expertos en contracepción apoyamos la actual reforma de la ley [17/05/2022] en lo que afecta a esta interrupción, dada la inequidad predominante entre las autonomías.
La SEC ya recogió en 2019, entre las conclusiones de su Informe sobre la Anticoncepción, Salud Sexual y reproductiva e IVE en España, la desigualdad existente en nuestro país en relación con prevención, asistencia y atención al aborto. Se constataba la existencia, en cuanto a derechos, de mujeres de primera, segunda y tercera, según su lugar (región, provincia, ciudad y hasta distrito sanitario) de residencia.
Numerosas españolas se ven obligadas a realizar un penoso peregrinaje, debido a que solo hay algunos hospitales públicos en todo el país que realicen interrupciones. Asimismo, se ha constatado la escasa utilización del método farmacológico, en contrapartida al quirúrgico.
Junto con las recomendaciones clínicas y de prestación de servicios, las pautas de la OMS recomiendan eliminar las barreras políticas médicamente innecesarias para el aborto seguro, como la penalización, los tiempos de espera obligatorios, el requisito de que la aprobación debe ser dada por otros miembros de la familia o instituciones y límites sobre cuándo puede tener lugar un aborto.
En definitiva, tales barreras pueden conducir a retrasos críticos en el acceso al tratamiento y poner a las mujeres y las niñas en mayor riesgo de sufrir abortos inseguros, estigmatización y complicaciones de salud, al tiempo que aumentan las interrupciones en la educación y su capacidad para trabajar.
La Sociedad Española de Contracepción (SEC) es una sociedad científica y profesional que tiene como fines el asesoramiento, difusión, promoción y estudio científico de los métodos contraceptivos y su relación con la salud reproductiva formativa y divulgativa. Pertenecen médicos/as, ginecólogos/as, atención Primaria, enfermería, matronas y otros profesionales que se han mostrado interesados en la Salud Sexual y Reproductiva.
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