En algunas regiones españolas, recoger y guardarse un fósil puede no tener consecuencias, pero en otras puede conllevar una sanción e incluso una detención. Paleontólogos y autoridades reclaman una legislación más precisa para proteger los fósiles en España.
Un fósil es un resto de la actividad de organismos del pasado que se conserva petrificado en rocas. Puede contener vestigios de seres vertebrados como dinosaurios, animales, y homínidos, invertebrados como trilobites y amonites, e incluso plantas o bacterias. Para los paleontólogos que los estudian, estos restos tienen un valor incalculable porque dan pistas sobre el pasado de la vida en la Tierra.
Formación de un fósil
En la península ibérica existen yacimientos muy ricos de todas las edades, solo apreciados por los científicos. “Me gustaría que la gente fuera capaz de valorar ese patrimonio paleontológico y aprender a cuidarlo para que lo disfruten las futuras generaciones”, cuenta a Sinc Graciela Delvene, investigadora especializada en fósiles invertebrados del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
“Lo mejor que podemos hacer es dejar los fósiles donde están, también los muy comunes. Son parte del paisaje geológico. Igual que si vamos por un pinar y vemos muchos pinos, estos forman parte del paisaje botánico”, explica Luis Alcalá, director gerente de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis.
Cuando una persona sin conocimientos científicos coge un fósil, no puede distinguir la importancia o rareza de un ejemplar. Además, “no solo porque haya muchas muestras de un mismo tipo dejan de ser importantes”, advierte Graciela Delvene.
Un paleontólogo necesita conocer el lugar exacto donde se encuentra un resto. “El fósil fuera de su estrato, de su contexto geológico, pierde mucha información. Si lo recogemos y lo echamos al bolsillo su valor disminuye muchísimo”, avisa Alcalá.
Los fósiles son comparables con las piezas de un puzle. Llevarse un fragmento fundamental, sobre todo en el caso de los vertebrados, puede suponer no poder completar un estudio paleontológico.
“A lo mejor la piedra que cogemos es el hueso que falta de un esqueleto que alguien está reconstruyendo científicamente. La anécdota de llevarse el fósil y ponerlo al lado de una maceta puede dejar incompleto un hallazgo científico”, aclara Alcalá.
Por otro lado, el experto reconoce que es muy común que la gente contacte con Dinópolis para preguntar por los fósiles que encuentran, ya sea portando el propio ejemplar o mandando fotografías por correo electrónico. En los últimos años reciben cada vez más consultas paleontológicas.
“No debe dar vergüenza, nosotros contemplamos asesorar a aquellos que creen encontrar algo de interés. Aunque en algunos casos los descubrimientos no tengan valor científico, nos parece una labor social y de divulgación de la paleontología que merece la pena”, declara el paleontólogo.
Si el hallazgo da lugar a una publicación científica, Alcalá comenta que se suele citar a la persona que encontró el ejemplar en los agradecimientos. Gracias a la colaboración entre paleontólogos y aficionados se han realizado importantes descubrimientos, como el yacimiento de Las Hoyas.
Pero el científico insiste: “Lo mejor es que nos digan el lugar exacto, preferimos que no venga nadie con un fósil en el bolsillo”. Aunque Dinópolis no denuncia a las personas que recogen fósiles y buscan asesoramiento, estas pueden meterse en problemas con la Guardia Civil y los servicios provinciales.
Para recoger fósiles en España es necesaria una autorización. Pero la legislación nacional da lugar a ambigüedad y no regula la recolección no científica de fósiles. Las comunidades autónomas han desarrollado sus propias normas, por eso las diferentes regiones cuentan con una protección distinta de los fósiles.
A escala nacional, los fósiles están regulados por la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español (LPHE) y por la Ley 33/2015 que actualiza la ley del 2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
El problema en la LPHE es que no se contempla la diferencia entre paleontología (estudio de fósiles de organismos que han habitado la Tierra) y la arqueología (estudio de las civilizaciones humanas antiguas). “La diferencia entre bien paleontológico y bien arqueológico, entre esqueleto de dinosaurio y punta de flecha romana, no ha sido bien definida por el legislador y por ende tampoco su regulación jurídica ni protección”, explican fuentes de la Jefatura del Seprona de la Guardia Civil.
“La inclusión de un bien como el paleontológico en el contexto de una ley centrada en la protección de los bienes creados por el hombre resulta, como afirma parte de la doctrina, bastante paradójica. Podría llegar a entenderse que la LPHE no ampara a todos los fósiles, sino solo a los que coinciden con la presencia del hombre”, añaden. Según el Seprona, “en la práctica, hay una subordinación de la entera actividad paleontológica en la disciplina arqueológica".
Como consecuencia, la protección de una obra pictórica, por ejemplo, está mucho más clara desde el punto de vista jurídico que la protección de los fósiles. Esto se refleja en la proliferación de un mercado negro internacional, con bienes de incierta procedencia.
La Guardia Civil incauta los bienes paleontológicos obtenidos de forma contraria a la norma. / Seprona Teruel
A raíz de la consulta realizada por Sinc, la Jefatura del Seprona ha iniciado un proceso interno para crear una Guía de Procedimiento Técnico que regule la actuación de las unidades del cuerpo a escala nacional. Autoridades y paleontólogos demandan una legislación más completa para mejorar la protección del patrimonio paleontológico.
“La vigente situación amén de generar ineficacia, plantea serios problemas de seguridad jurídica y de inexistencia de efectiva base legal para muchas de las intervenciones que de hecho vienen desarrollando sobre el patrimonio paleontológico las administraciones culturales autonómicas”, recalcan fuentes del Seprona.
La aplicación de la LPHE para la conservación de los fósiles no es homogénea. Las sanciones dependen en gran medida del celo de la administración y de donde ocurren las infracciones. En zonas protegidas, como los parques nacionales, la administración cuenta con más herramientas jurídicas. En cambio, en sitios menos protegidos, el abuso hacia el patrimonio deberá ser mayor para que la administración actúe, confirma el Seprona.
Pero esta situación de indefinición jurídica no es exclusiva a España. Los tratados internacionales en materia de patrimonio cultural o arqueológico a los que España se ha adherido tampoco aportan una clave inequívoca para interpretar el alcance exacto de la referencia al interés paleontológico en la LPHE.
Sin embargo, en nuestro país existe una única ley regional en la que está claro que las potestades de intervención y control de las actividades paleontológicas tienen un respaldo legislativo, según la Jefatura del Seprona.
Se trata de la Ley de la Diputación General de Aragón 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio cultural aragonés, que regula los hallazgos de cualquier índole, el uso de detectores y de otros instrumentos de detección, y todo tipo de actividades arqueológicas y paleontológicas.
En Aragón, salvo autorización, está prohibida la búsqueda o prospección de bienes de interés paleontológico, así como su ocupación o la producción de daños (incluso por imprudencia simple).
En caso de hallazgo casual, la normativa obliga al descubridor a comunicar su descubrimiento inmediatamente al servicio provincial con competencias en Patrimonio y está obligado a entregar, de manera inmediata, lo que ha recogido, aunque sean objetos de escaso interés.
Ante la comprobación de que cualquier persona se encuentre realizando una actividad prohibida en cuanto al patrimonio paleontológico o se halle en posesión de estos objetos sin autorización, la Guardia Civil procederá a la detención y puesta a disposición judicial de la personas responsables o a denunciar los hechos, en los supuestos de infracción administrativa, confirman fuentes de la Guardia Civil de Teruel.
La norma nacional que protege a los fósiles es también muy discutida entre paleontólogos. La investigadora Graciela Delvene ha participado en la creación de una propuesta de código ético para regular la recolección de fósiles.
La novedad es que esta norma no incluiría solo a científicos, sino también a otros grupos susceptibles del trato con fósiles: aficionados, coleccionistas, comerciantes e ingenieros civiles o de minas. De este modo, se conseguiría una regulación a medio camino entre la completa prohibición de la recolección de fósiles y la permisividad total de recogida.
Análisis DAFO de los sujetos que recolectan/tienen/comercian con fósiles. / Delvene et al.
Esta perspectiva tiene en cuenta que no todos los fósiles forman parte del patrimonio paleontológico y que los mayores riesgos son la pérdida de información tafonómica –la información del contexto geológico– y el expolio completo de los yacimientos.
Actualmente, en gran parte de las comunidades autónomas se necesita una autorización para recoger fósiles. Este código ético o de buenas prácticas abriría la posibilidad de recolección no científica siempre y cuando no fueran usadas herramientas de ningún tipo para extraer los fósiles de las rocas que contienen los afloramientos.
Los fósiles que serían susceptibles de ser recogidos por personal no científico serían los que se encuentran fuera de su contexto geológico por causas naturales, como la erosión, normalmente acumulados en derrubios o campos de cultivo.
Para controlar esta actividad los investigadores proponen la creación de una licencia similar a la de caza, pesca o recolección de setas, pero un poco más restrictiva. También que los que deseen recoger fósiles pertenezcan a alguna asociación de aficionados a la paleontología o las ciencias naturales.
- Evitar coger el fósil, sobre todo si parece tener un interés relevante
- Evitar realizar algún daño a los bienes paleontológicos, sus localizaciones o yacimientos
- Ubicar el lugar mediante coordenadas o referencias para avisar a los expertos
- En caso de recoger fósiles y no entregarlos al servicio provincial, avisar a la Guardia Civil
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