Objetivo final: un acuerdo vinculante

El Protocolo de Kyoto finalizará el 31 de diciembre de 2012. A partir de ese momento un nuevo acuerdo creado y aceptado por los 192 países miembro de Naciones Unidas debería entrar en vigor. La duda es si este acuerdo resultará de la Cumbre del Clima de Copenhague, o si será un acuerdo político fruto de un convenio a comienzos de 2010.

Los países que promueven la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con la Unión Europea (UE) a la cabeza, apoyan la creación de un nuevo modelo para la era post-Kyoto.

“Hemos estado a punto de contagiarnos del pesimismo de que la cumbre era un fracaso, y teníamos ya coronas y velas sin tener muerto”, señaló esta semana Andrés Perelló, eurodiputado de Grupo Socialista Europeo, durante la jornada sobre cambio climático en la Oficina española del Parlamento Europeo en Madrid. Según Perelló, “es necesario confiar en la potencialidad de la UE”.

“No podemos llegar sólo a un acuerdo político, y que al final nadie sepa explicar qué consecuencias va a tener. Sería un crimen político no tener la voluntad de llegar a un acuerdo y poner en tela de juicio que los gobernantes de este mundo no entremos en la historia con un acuerdo vinculante en Copenhague”, manifiesta el eurodiputado.

Copenhague debería superar los obstáculos de Kyoto, como la ausencia de un verdadero acuerdo global, la insuficiencia de instrumentos para el desarrollo sostenible, la obtención de ‘tecnologías de bajo carbono’ o la poca representación. Los países que se comprometieron a cumplir los objetivos de Kyoto no representan más del 35% de las emisiones globales de CO2, debido a la ausencia de EEUU y China.

“Más allá de lo que se consiga en la Cumbre de Copenhague, estoy seguro de que si tenemos objetivos claros, liderazgo político, medidas adoptadas desde la racionalidad y realismo técnico, el coste será mucho menor”, declara Francisco Fonseca, director de la Representación en España de la Comisión Europea.

El compromiso de la Unión Europea

El pasado 25 de noviembre los países miembro de la UE aprobaron una resolución que recoge la posición de la Eurocámara en la cumbre. Con 516 votos a favor, 92 en contra y 70 abstenciones, los y las eurodiputadas exigieron objetivos de reducción de emisiones, compromisos financieros claros, y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento.

En 2008, la UE presentó su paquete 20-20-20, en el que se comprometía a reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero sobre los niveles de 1990, incrementar un 20% el uso de energías renovables, y reducir un 20% el consumo de energía para el año 2020. En Copenhague el paquete podría convertirse en 30-20-20, porque la UE puede anunciar un recorte del 30% en las emisiones de CO2.

Pero esto sólo pasaría si EE UU y China, que emiten el 33% del CO2 mundial, adoptan medidas y compromisos similares. Por ahora, el presidente de EE UU Barack Obama, que acudirá el 9 de diciembre a la cumbre, ha anunciado que su recorte será del 17% de emisiones, mientras que China presentará un plan de eficiencia energética para reducir sus emisiones entre un 40 y un 45%. Estas son las declaraciones de intenciones.

Otros países contaminantes y en vía de desarrollo, como Rusia y Brasil, se han comprometido a reducir sus emisiones un 25% y un 40%, respectivamente. Por su parte, India anunció ayer que reducirá su intensidad energética entre un 20 y un 25% respecto a los niveles de 2005 para el año 2020.

“La Cumbre de Copenhague ya está sirviendo porque la UE ha estado actuando con un liderazgo claro durante todo el proceso, anticipándose a los compromisos que todavía no han asumido algunos países”, asegura Alicia Montalvo, directora general de la Oficina España de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM).

La nueva resolución del Parlamento Europeo aprobada la semana pasada reclama que los países alcancen un acuerdo jurídicamente vinculante durante los primeros meses de 2010 y que entre en vigor el 1 de enero de 2013. Para que el posible acuerdo internacional de Copenhague sea una realidad, los países industrializados deben reducir sus emisiones entre un 25 y un 40% para 2020, y al menos un 80% en 2050, respecto a los niveles de 1990.

En el caso de los países en desarrollo éstos deben limitar sus emisiones entre un 15 y un 30%, aunque en el caso de China, India y Brasil se les pedirá alcanzar objetivos similares a los países industrializados, que además tienen la responsabilidad de proporcionar apoyo financiero y técnico suficiente a los países en desarrollo para la mitigación y adaptación al cambio climático.

“El acuerdo de Copenhague debe dar una señal muy clara de que todo este proceso es irreversible hacia un cambio en positivo económico, productivo y energético, y que los agentes económicos y la ciudadanía perciban que no hay marcha atrás”, ha manifestado Montalvo, para quien que es “fundamental” que el acuerdo se alcance.

España asume la Presidencia de la UE de enero a junio 2010 y deberá “mantener el ritmo de las negociaciones”, según explica Montalvo. “Pero ante todo debe asumir la responsabilidad y que no hay retroceso posible. El acuerdo no debe convertirse en papel mojado. Es fundamental trabajar con rigor y flexibilidad”, avanza la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático.

Para Manuel Marín, ex Comisario Europeo, España es un ejemplo en el desarrollo de energías renovables, pero “incumplidora en términos de emisiones de CO2”.

Hacia un ‘”New Deal sostenible”

Un acuerdo en Copenhague podría, según los eurodiputados, estimular un “New Deal sostenible”, que impulse y promueva las tecnologías “ecológicamente” sostenibles, las energías renovables y la eficiencia energética; que reduzca el consumo de energía, y garantice nuevos puestos de trabajo y la cohesión social.

“La ausencia de una Política Energética Común en Europa es uno de los grandes déficits de la actual Comisión Europea. Además, las opciones energéticas no están claras: Europa no puede permitirse dejar fuera de la cesta energética a ninguna fuente de energía”, dice Francisco Sosa Wagner, otro eurodiputado que asegura que “la política energética como la medioambiental es crisol de otras políticas, y no debe ser contemplada como una política sectorial aislada”. Las políticas energéticas no se pueden desvincular de la política del transporte, de ordenación del territorio o de urbanismo, entre otras.

“Detrás de las medidas que la UE propone para la cumbre de Copenhague, las opciones de ahorro energético son acertadas, exista o no el asunto del cambio climático en términos científicos”, resalta Sosa, quien no quiere entrar en el debate. Pero asevera lo siguiente: “Los 7.000 millones de personas que viven en la Tierra no pueden vivir como vivimos sólo 1.000 millones. Es una injusticia absoluta, profunda e impropia: hay que llegar a fórmulas de convivencia planetaria que pasan inequívocamente por hacer menor gasto energético”.

La Cumbre del Clima de Copenhague supondrá un antes y un después en la toma de decisiones conjunta en materia de cambio climático, siempre y cuando los países se pongan de acuerdo, lo que no parece fácil. Lo sabremos el próximo viernes 18 de diciembre, día en el que culmina esta cita histórica.