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Cada medalla de oro olímpica cuesta unos 40 millones de euros a un gobierno
Cerca de treinta institutos y empresas de Europa y América celebran esta semana en Valencia la primera reunión de LHCPhenonet, una red europea de investigación coordinada por el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-Universidad de Valencia). El proyecto trata de mejorar las predicciones teóricas que guían los experimentos del Gran Colisionador de Hadrones (LHC).
El valor experimental del grafeno, un material con alta conductividad, viene definido por unidades físicas fundamentales independientemente del origen de la muestra. Esto resulta extraordinario, pero ahora investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ofrecen en la revista Physical Review B una explicación a este sorprendente fenómeno.
Resulta necesario invertir de media 40 millones de euros para que un país obtenga el máximo galardón en unos Juegos Olímpicos. Eso es lo que han calculado que cuesta la hazaña unos investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que realizan diversos estudios en el área de Economía del Deporte.
Científicos de la Universidad Complutense de Madrid demuestran que el crecimiento metropolitano genera una significativa pérdida y degradación del patrimonio de la ciudad, fruto de la visión parcial y simplista que se tiene del espacio urbano.
Un investigador de la Universidad de Alcalá ha encontrado una nueva especie de gusano marino de curiosa vida sexual: cambia de sexo y busca refugio en ascidias para reproducirse.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Valladolid ha realizado un exhaustivo trabajo sobre los paisajes agrarios de España que en breve verá la luz, ya que será editado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM). La obra “no es un atlas al uso". Además de las imágenes y cartogramas también incluye un estudio detallado sobre la evolución histórica y los cambios del territorio y la sociedad rural desde la segunda mitad del siglo XX.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos Reales Decretos que actualizan y mejoran tanto la normativa de calidad del aire como la regulación de las actividades contaminantes de la atmósfera. El Gobierno pretende prevenir y reducir así los efectos nocivos de estos agentes sobre la salud y el medio ambiente.