La ciudadanía dedicaría el 22,5 % de los presupuestos al sistema sanitario, tal y como recoge el primer estudio que analiza las demandas sociales de los servicios públicos durante la pandemia por COVID-19 en España.

Ingenieros de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) han demostrado que un modelo de transporte basado en vehículos eléctricos sería rentable en la ciudad de León, donde se podría reducir el déficit de tarifa más de un 43% en 2020. Aunque el estudio contempla pequeñas subidas de determinados impuestos, los consumidores, el Estado y los demás agentes del sistema eléctrico ganarían en rentabilidad, al reducir su dependencia del petróleo.

Investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona han desarrollado un modelo informático que simula, en diferentes situaciones, cuál sería el comportamiento de los contribuyentes ante la posibilidad de cometer fraude fiscal. El simulador, descrito en la revista Advances in Complex Systems, analiza los factores que motivan el fraude y permite determinar medidas efectivas para reducirlo, entre ellas mejorar las inspecciones fiscales aumentando su frecuencia y eficacia.

Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto de Estudios Fiscales desvela que el gasto presupuestado para la atención a los dependientes en España ascendió desde los 3.809 millones de euros en 2007 hasta los 8.004 millones de euros en 2011. Según el trabajo, dicho gasto habría incrementado la tasa de crecimiento de nuestra economía en un 0,13%, generando unos 137.000 empleos anuales.

Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) han presentado hoy en el Congreso de los Diputados, junto a WWF España, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Comisiones Obreras (CC.OO), una Proposición de Ley sobre Fiscalidad Ambiental. El objetivo, hacer cambios en el actual marco normativo fiscal e introducir criterios ambientales en los impuestos existentes, crear nuevos impuestos y reformar la fiscalidad de las haciendas locales.