Denuncian el espolio del mundo rural como principal impacto de la energía eólica en Galicia

Conscientes de que la energía eólica es uno de los elementos necesarios para construir un modelo energético sostenible, estos investigadores consideran que la manera en que se desarrolló fue socialmente injusta y contribuyó al deterioro de algunos espacios de alto valor ecológico, incluso hasta el punto de afirmar que la implantación de los parques eólicos se convirtió "en un proceso de espoliación de un mundo rural que ya estaba en decadencia", señala Xavier Simón, profesor responsable de la investigación.

Después de realizar alrededor de 70 visitas por todo el territorio gallego estos investigadores manejan una base de datos de alrededor de 100 entradas con amplia información sobre las condiciones económicas y sociales que se establecieron entre los productores de la energía eólica y los propietarios de la tierra. Con este aval detrás no dudan en afirmar que, pese a lo lucrativo de este negocio, la gente se sigue marchando de las aldeas, las explotaciones cierran, la tierra se abandona y "en lugar de fortalecer a las comunidades rurales se cogió el negocio y se le trasladó gratuitamente a las compañías multinacionales que ni siquiera están vinculadas, directa o indirectamente, con el tejido empresarial gallego", apunta Simón.

Según destacan, los propietarios de los montes se vieron indefensos frente a los equipos de abogados de estas multinacionales que acudían a sus casas para decirles que en aquel monte iban a instalar un parque eólico y que, o aceptaban el acuerdo que le proponían o iban a expropiar. "Las empresas siempre jugaron con la espada de la expropiación para propiciar acuerdos en algunos casos ridículos" afirma Simón, que no duda en dar varios ejemplos sobre este tipo de "pactos", "hablo de casos como, los de Acciona en la Serra do Xistral donde comenzó pagando 900 euros por molino, y otros similares en la zona del Barbanza con la empresa Gamesa, una de las principales operadoras".

A la vista de estos resultados consideran que tanto los sindicatos, como los partidos políticos, como las organizaciones profesionales, incluso el movimiento ecologista no estuvo a la altura de las circunstancias para tratar de frenar el impacto negativo que tenía este tipo de acuerdos en términos de renta. Además, según afirman, hubo aspectos que agravaron el proceso, tales como la especulación con los megavatios, "es decir, gente que se hizo titular simplemente para volver a vender sin haber invertido nada, algo que la Xunta debería haber limitado pero sobre lo que no actuó".

Sin fuentes documentales

Para llevar a cabo este trabajo, los tres investigadores encargados del proyecto manejan una importante cantidad de información técnica sobre los parques, conocen su promotor, inversión, potencia, facturación, producción... Sin embargo, no hay fuentes documentales cuando se trata de estudiar la forma en que se ocuparon los espacios en los que se situaron las torres eólicas, por lo que la única manera de hacerse con esta información es visitar uno por uno cada parque eólico y entrevistarse con los propietarios de los terrenos.

Conseguir los contactos de los propietarios es, justo, uno de los aspectos más complicados, "pues no hay ninguna base de datos y lo hacemos a través de los ayuntamientos, de conocidos o, otras veces, es la propia suerte a que te lleva hasta alguien", destaca Simón. Una vez contactados lo que hacen es explicarles quienes son y el trabajo que están desarrollando. Después viene la entrevista en sí en la que, además de conocer los términos exactos de la negociación, conocen in situ los terrenos, la dinámica de la propia comunidad de montes, su percepción sobre el parque eólico y el destino de las rentas que reciben.

De estos encuentros destacan también la enorme aceptación con la que son recibidos por parte de los propietarios pues, "siempre destacan que es la primera vez que alguien los llama interesándose por conocer como fue ese proceso". La información que obtienen sigue siempre un patrón tipo, "incluso hasta el punto de que podemos afirmar que en el 95% de los casos las empresas engañaron vilmente a los dueños de los terrenos. Cuando vamos a un parque y le decimos a ese propietario que ese parque facturó el año anterior diez millones de euros y que la empresa con 150.000 euros liquida a los propietarios, la sorpresa es mayúscula".

La Xunta de Galicia, que fue pionera en la regulación de la energía eólica, diseñó una estrategia de fomento de la oferta de potencia instalada que se realizó a través de una figura denominada Plan Eólico Empresarial que consistía en que sin concurso los administrados solicitaban la asignación de una potencia expresada en megavatios y comprometían que iban a desarrollar esa potencia en un período de tiempo determinado y que iban a hacer unas inversiones cuantificadas en cientos o millones de euros tanto para la ejecución del citado plan como de un plan industrial.

Planes eólicos sostenibles

A través de esta figura hubo 18 promotores que consiguieron ser titulares de un plan eólico empresarial. El 61,88% fueron asignados en el primer año de vigencia del decreto en el año 96. El hecho de ser titulares de un plan eólico empresarial le daba la estos 18 promotores derecho preferente y exclusivo para la instalación de parques eólicos en las zonas asignadas.

El Plan Eólico Sectorial de Galicia, vigente en la actualidad, dividía la comunidad en distintas zonas con potencial eólico y asignaba la cada uno de los promotores a las distintas zonas, pero esto fue aprobado en 1997 cuando ya el 73% de la potencia estaba asignada, por lo tanto las zonas fueron inicialmente determinadas por los propios promotores y después fue la Xunta quien le dio carácter de Plan Eólico Sectorial. Según considera el investigador vigués,"esto llevó, por ejemplo, a que se instalaran parques eólicos en zonas con valores ambientales significativos o cercanos a la zonas de interés patrimonial". Otro aspecto que quieren destacar es que las autorizaciones concedidas por la Xunta no tienen fecha de caducidad "la empresa va a ser titular de ese derecho en esa propiedad sin una fecha límite a diferencia de lo que ocurre con los embalses, donde las autorizaciones están limitadas en el tiempo".

Estos decretos, que permitieron la pusta en marcha del Plan Eólico Empresarial, fueron según estos investigadores, un éxito desde el punto de vista de la oferta "Galicia pasó de tener cero megavatios en el 1995 a más de tres mil trece años después", pero un fracaso desde el punto de vista de la redistribución de la renta, del fortalecimiento del mundo rural y de las condiciones de vida de los habitantes del rural.

En relación al nuevo decreto que regula la energía eólica en Galicia, publicado en diciembre de 2007, consideran que introdujo cambios importantes en la gestión de este recurso. Sobre todo hacen hincapié en la limitación del desarrollo eólico en los espacios con valores ambientales y el establecimiento de un método de concurrencia competitiva entre los distintos promotores, algo inexistente incluso ese momento. "Además, un tercer elemento significativo del decreto es que abre la posibilidad a una mayor participación social pública, tanto de los propietarios de los terrenos cómo de la Xunta", subraya Simón.

En lo que a rentas se refiere destacan que con el nuevo decreto hay promotores que ofrecieron a la Xunta incluso el 15% de la facturación total y hay también principios de acuerdo entre promotores y propietarios que cuadriplican el precio medio pagado incluso este momento. "Si en la actualidad el negocio eólico pode ser lucrativo cuadriplicando el precio que se le daba a los propietarios, eso quiere decir que en los tres mil megavatios que ya están instalados hubiera sido posible instalarlos dando una mayor participación en las rentas producidas a las comunidades de propietarios".

Esta mayor participación podrá, según estos investigadores, favorecer a la gente que está en el mundo rural. Desde su punto de vista, se podrían conseguir dos objetivos de política económica a través de una única medida. Por una parte, se lograría un objetivo energético-ambiental, en relación a que supone un avance para las energías renovables que ayudan a reducir el cambio climático; y por la otra, un objetivo de política agraria destinado a fijar población en el campo, aprovechar los recursos para evitar los incendios y no hacer dependiente al mundo rural necesariamente de las subvenciones.