Para los ciudadanos de la UE, el precio de su próximo coche, la reforma de su vivienda e incluso los productos locales podrían verse pronto afectados por una política climática que muchos ni siquiera conocen.
Una nueva normativa, impuesto europeo al carbono, que entrará plenamente en vigor el día de Año Nuevo, no solo afecta a la industria pesada, sino también a los productos de uso cotidiano, que ahora se enfrentan a un coste adicional por las emisiones de carbono cuando entran en Europa.
El mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono (CBAM) impone un precio al carbono a muchos productos importados, lo que significa que los importadores con sede en la UE pagarán por los gases de efecto invernadero emitidos durante la producción de determinados materiales intensivos en carbono.
Si los productos proceden de países con normas climáticas menos estrictas, el cargo será más elevado. Para vender a la UE, las empresas tendrán que demostrar que sus productos no son demasiado intensivos en carbono.
El objetivo es evitar que las compañías trasladen su producción a lugares con normativas menos estrictas, garantizando una competencia leal entre las firmas de la UE y las de fuera de la UE, al tiempo que se incentiva la descarbonización global.
Tras una fase de prueba, las obligaciones de pago completas comenzarán el 1 de enero de 2026, cuando los importadores tendrán que comprar certificados CBAM para cubrir las emisiones incorporadas en productos como el hierro y el acero, el aluminio, el cemento, los fertilizantes, el hidrógeno y (eventualmente) la electricidad.
Aunque se trata de una política climática de la UE, el CBAM parece destinado a cambiar las reglas del juego en el comercio mundial. Los países que dependen de las exportaciones de la UE pueden verse obligados a realizar costosas inversiones en tecnologías más limpias y en un mejor seguimiento de las emisiones, o correr el riesgo de perder cuota de mercado.
Ya se está produciendo un cambio positivo: cada vez más empresas miden y comunican sus emisiones con precisión, respondiendo a la creciente demanda de datos fiables sobre el carbono. Al mismo tiempo, un número cada vez mayor de países está introduciendo sus propios sistemas de fijación de precios del carbono para mantenerse en consonancia con la UE y proteger la competitividad de sus exportaciones.
Marruecos es un ejemplo destacado: su ley de finanzas de 2025 introduce gradualmente un impuesto sobre el carbono a partir de enero de 2026. Dado que las empresas marroquíes ya pagarán un precio por el carbono a nivel nacional, es probable que sus exportaciones eviten los cargos adicionales del CBAM en la frontera de la UE, lo que les ayudará a seguir siendo competitivas.
En muchos países, el CBAM también está acelerando el interés por las energías renovables y los procesos industriales más ecológicos. Algunos no lo ven como una amenaza, sino como una oportunidad para atraer inversiones y posicionarse como centros de fabricación con bajas emisiones de carbono.
Sin embargo, este mecanismo sigue siendo controvertido. Para las empresas, el CBAM es complejo y supone una gran carga administrativa. Las empresas necesitan sistemas sólidos para medir las emisiones incorporadas, recopilar datos de los proveedores y elaborar declaraciones medioambientales de los productos. Muchas también necesitarán nuevos contratos de energía renovable para reducir su huella de carbono.
En todo el mundo, el CBAM ha sido objeto de fuertes críticas. India y China la describen como “proteccionismo verde”, argumentando que ejerce una presión injusta sobre las economías en desarrollo. Al mismo tiempo, la UE aún no ha creado una financiación específica para ayudar a los exportadores de los países con ingresos más bajos a adaptarse. Sin este apoyo, es posible que el mecanismo no logre los resultados deseados.
Aunque el CBAM está dirigido principalmente a la industria, sus efectos secundarios llegarán a los consumidores de la UE. Es poco probable que los importadores absorban la totalidad del coste adicional, lo que significa que es probable que los precios aumenten, especialmente en el caso de los productos que dependen en gran medida del acero, el aluminio o el cemento.
Esto podría significar que Europa se enfrente a un aumento de los costes de los automóviles, los electrodomésticos, los productos electrónicos, los materiales de construcción e, indirectamente, la producción de alimentos (a través de los fertilizantes).
Al mismo tiempo, el CBAM puede aportar más transparencia. Dado que los importadores deben informar de las emisiones incorporadas en sus productos, los consumidores pueden acabar disponiendo de información más clara sobre el impacto climático de lo que compran.
El mecanismo también generará ingresos para la UE procedentes de la venta de certificados. Se espera que estos ingresos sirvan para ayudar a los hogares vulnerables de muchos países europeos, así como para financiar tecnologías limpias y mejorar la eficiencia energética. La forma en que se utilicen los fondos será crucial para la aceptación pública del nuevo impuesto sobre el carbono de Europa.
Incluso antes de su plena aplicación, el CBAM ya está remodelando las cadenas de suministro e influyendo en las políticas gubernamentales mucho más allá de las fronteras de Europa. Puede desencadenar disputas comerciales, empujar a los exportadores a adoptar la fijación de precios del carbono y poner de relieve la necesidad de más financiación climática para apoyar a los países en desarrollo que están llevando a cabo transiciones industriales ecológicas.
Para muchos consumidores europeos, es probable que esto signifique un aumento gradual de los precios y, potencialmente, decisiones de compra más conscientes del clima. Entre bastidores, supone un cambio significativo en la forma en que el comercio mundial contabiliza el carbono y en cómo la política climática llega a la vida cotidiana de las personas.
Simona Sagone es investigadora en Transición Ecológica de la Universidad de Lund (Suecia)
Esta industria está incumpliendo por completo su promesa de liderar la transición energética, según indica una investigación del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona que demuestra que las principales empresas de petróleo y gas del mundo tan solo son responsables del 1,42 % de los proyectos de energías renovables existentes a escala global.
Un estudio advierte que, si no se reducen las emisiones, el calentamiento global podría disminuir hasta en un 24 % la renta media mundial a final de siglo. Los países más cálidos y con menos ingresos serían los más afectados, con pérdidas entre un 30 y un 60 % superiores al promedio.
