El Gobierno ha enviado a la Comisión Nacional de Energía (CNE) una propuesta de normativa que fija los objetivos obligatorios de uso de biocombustibles en 5,90%, 6,00% y 6,10% para 2011, 2012 y 2013, respectivamente. La normativa incluye un sistema para la protección de la industria frente a las importaciones desleales, según informa el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) en un comunicado.
La CNE, el ente regulador de los sistemas energéticos en España, acaba de recibir la normativa que propone el Gobierno para fijar los objetivos obligatorios mínimos de uso de biocombustibles en los próximos tres años. El proyecto de Real Decreto plantea una senda ascendente del 5,90% en 2011, 6,00% en 2012 y 6,10% para 2013.
Para la fijación de estos objetivos se ha primado el principio de prudencia, ya que la paulatina incorporación de los biocombustibles asegura que los consumidores con vehículos más antiguos encuentren en el mercado un combustible que puedan utilizar con plena confianza (la gasolina de protección -sin plomo 95- se podrá usar hasta final de 2013).
Además se habilita al MITYC a modificar la fecha máxima para que se comercialice la gasolina de protección y el porcentaje de estaciones de servicio que deben comercializarla. Se trata de una cláusula de flexibilidad necesaria para adaptar la evolución de las gasolinas con alto contenido en etanol a la evolución del mercado y las obligaciones de consumo de biocarburantes.
La normativa comunitaria obliga a los Gobiernos a velar porque se comercialice en el mercado una proporción mínima de biocarburantes y otros combustibles renovables estableciendo unos objetivos indicativos. Para el caso español, la Ley de Hidrocarburos establece metas anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte hasta este año.
Los Estados de la UE deben procurar que la cuota de energía procedente de fuentes renovables en todos los de transportes en 2020, sea como mínimo equivalente al 10% de su consumo final de energía en el transporte.
Evitar la competencia desleal
España cuenta con 46 plantas de producción de biodiesel, con una capacidad total instalada que supera los 4,2 millones de toneladas/año. Para impulsar la producción en estas plantas y apoyar la sostenibilidad económica del sector, el Gobierno ha preparado un borrador de Orden Ministerial que establece un sistema para evitar la competencia desleal de terceros países, vigente durante dos años y prorrogable a otros dos más.
El sistema, similar al existente en otros estados europeos, establece el reparto de unas cantidades de producción por planta que contabilizan para la consecución de los objetivos nacionales.
Todo el biocombustible que entre en España fuera de este sistema de cantidades no valdrá para que los operadores cumplan las metas oficiales y, por tanto, se desincentiva la importación desleal. Las cuotas, que superarán ampliamente la demanda, serán intransferibles para evitar la especulación.