Investigadores de la Universitat Rovira i Virgili proponen un modelo para repartir más equitativamente la cuota de emisiones de CO2 entre países. Se trata de un método de distribución medioambiental que pretende evitar que las regiones más influyentes condicionen las negociaciones sobre cambio climático.
La cuota de emisiones de dióxido de carbono (CO2) permitida para cada país en un contexto de restricción como el actual condiciona las negociaciones multilaterales sobre cambio climático, que muchas veces se bloquean por falta de acuerdo entre los países o se acaba haciendo una distribución desigual, condicionada por presiones políticas.
Aquellas regiones que más emisiones generan suelen ser las que más cuota reclaman, y también las más poderosas e influyentes, por lo que el reparto se complica. A menudo, los países se acaban organizando en forma de bloques en función de sus intereses y eso tensa las negociaciones.
Ahora, una estudio de expertos de economía de la Universitat Rovira i Virgili, propone un método para distribuir el presupuesto global de carbono (el llamado carbon budget), más neutral y que implicaría establecer un mecanismo completamente diferente en las negociaciones. Los resultados de este trabajo se han publicado en la revista científica Energy Economics.
Para hacer esta investigación, los autores analizaron el comportamiento de una lista de reglas de distribución teóricas, basada en unas propiedades y criterios de selección.
De estas reglas se seleccionaron siete, que servirían para crear un marco teórico en el que deberían participar todos los países. Así, sólo sería necesario que las regiones se pusieran de acuerdo en aceptar este proceso de actuación. Estas reglas del juego, que los investigadores extrajeron de la bibliografía teórica, cumplen una serie de propiedades técnicas. Una vez validadas técnicamente, propusieron unos criterios de selección que tratan, por ejemplo, el grado de equidad.
“En vez de intentar que las regiones se pongan de acuerdo sobre qué indicador debe determinar la cuota de emisiones –renta per cápita, población, etc.–, planteamos aplicar estas reglas matemáticas que todas las regiones deben aceptar a priori “, explica Juan Antonio Duro, uno de los autores.
El estudio tuvo en cuenta una estimación de las demandas de emisiones que harían cinco grupos de países en el año 2050: países ricos (OECD), Asia, América Latina, Oriente Próximo y países del Este.
Los investigadores aplicaron estas reglas matemáticas a las demandas de cada región, que en todos los casos superaban el límite máximo permitido de emisiones –el carbon budget– y obtuvieron la cifra que correspondería a cada región. Analizando los resultados, concluyeron que de estas siete reglas, la llamada α-min es la que más se ajusta a criterios neutrales, que mejor garanticen la equidad y la proporcionalidad a la hora de hacer la distribución del presupuesto de carbono, y puede ser más operativa.
“Aquellos grupos de países que menos emiten podrían recibir todo o casi todo lo que piden, lo que garantiza la equidad. El resto del presupuesto se repartiría de forma proporcional entre el resto de grupos, por lo que se otorgarán más cuota a aquellos que más emiten, para que su sacrificio a la hora de reducir las emisiones no tenga que ser tan alto”, explica Duro.
El investigador insiste en que los resultados de este estudio “no pretenden imponer ningún método, pero sí planteamos esta referencia para cuando las negociaciones se bloquean por falta de acuerdo”, concluye.
Referencia bibliográfica:
Juan Antonio Duro, José Manuel Giménez-Gómez, Cori Vilella. “The allocation of CO2 emissions as a claims problema”. Energy Economics. DOI: Https://doi.org/10.1016/J.eneco.2019.104652
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