La investigación es cada vez más digital, compleja y cara; sin embargo, los precios de las revistas científicas suben cada año muy por encima del IPC. En Europa, muchos piensan que es el momento de romper el ‘abrazo mortal’ que ahoga la producción del conocimiento, y proponen un cambio radical en la forma de hacer ciencia y difundir sus resultados. Su mayor barrera es el modelo tradicional, rentable para las grandes editoriales académicas.
A principios de septiembre se hacía pública una acción de trece agencias europeas de financiación que, unidas en el consorcio cOAlitionS, se comprometían a poner en práctica un nuevo plan de ciencia en abierto, el PlanS. Según sus diez principios, a partir de enero de 2020 los resultados de proyectos financiados por las agencias de cOAlitionS deben publicarse en revistas y plataformas de acceso abierto de forma inmediata.
En esta iniciativa, instigada por ScienceEurope y el exdirector general de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, Robert-Jan Smits, participa el Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés).
Una de las claves por las que el plan ha tenido un fuerte impacto mediático es la insatisfacción con el mercado editorial científico: el trabajo de los investigadores, financiado con fondos públicos, se envía a revistas privadas que los revisan y publican los contenidos cerrados. Así, para acceder al conocimiento generado por sus científicos, los Estados lo tienen que recomprar a esas revistas.
Aunque el PlanS ha recibido críticas, sobre todo de algunas disciplinas y asociaciones científicas europeas, el pasado 27 de noviembre se publicaba su Guía de Implementación. Ahora se abre un periodo de consulta pública hasta el 1 de febrero para recoger comentarios de los agentes implicados en hacerlo posible.
“Hay varios aspectos matizables, pero el PlanS supone un compromiso concreto, quince años después de la Declaración de Berlín [sobre el libre acceso a la literatura científica], lo cual me parece importante”, indica Eva Méndez, vicerrectora adjunta de Política Científica y Open Science en la Universidad Carlos III de Madrid.
Uno de los matices del PlanS es que implica a un número reducido de agencias de financiación –España no está entre ellas–. “El cambio de modelo solo será posible si hay una masa crítica suficientemente fuerte como para revertir el modelo de negocio de las grandes editoriales académicas hacia el pago por publicar”, explica Pilar Rico, responsable de la unidad de acceso abierto, repositorios y revistas en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
Otra crítica al PlanS, según Rico, es que “se da más peso a las revistas de acceso abierto que a los repositorios institucionales, cuando en España hemos invertido muchos recursos en estos últimos”, apunta Rico. En nuestro país, los investigadores cuentan con la herramienta Recolecta, “que es algo así como un ‘Google’ de todos los repositorios nacionales españoles. Esto no existe en todos los países de nuestro entorno, sin embargo, tiene menos impacto que una declaración como la de cOAlitionS”, dice Rico.
El concepto de ciencia abierta va mucho más allá del acceso abierto a las publicaciones y a los datos de investigación.
“Es un cambio radical en la forma de hacer investigación y difundir los resultados, que combina un gran desarrollo tecnológico y un cambio cultural hacia la apertura y la colaboración, promoviendo una ciencia más eficiente, transparente y accesible. Es lógico en el mundo digital, pero no es fácil”, enfatiza Eva Méndez, que es chair de la Plataforma de Política de Ciencia Abierta (OSPP, por sus siglas en inglés) de la Comisión Europea.
La ciencia abierta abarca todo el ciclo de producción del conocimiento científico, incluida la concepción, la recogida de datos, su procesamiento, publicación y distribución o la reutilización y la evaluación de los resultados. “No es sino la buena práctica de la ciencia en sus distintas dimensiones”, recalca Alea López de San Román, Policy Officer en la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea.
Si bien algunos países, como los Países Bajos o Finlandia, cuentan con estrategias globales sobre ciencia abierta, otros han abordado algunas de sus áreas a través de distintas políticas. “La mayoría de los países de la UE ya poseen o están debatiendo políticas nacionales sobre el acceso abierto a publicaciones científicas. En el caso de los datos de investigación, avanzan a velocidades más diferenciadas. El grado de implementación de la ciencia abierta varía mucho de unos países a otros”, asegura López de San Román.
En la actualidad existen dos modelos para cambiar el mercado de la información científica hacia el acceso abierto: la vía dorada y la vía verde. En la vía dorada, el autor paga a la revista de open access para que todos los lectores tengan acceso inmediato a su artículo. Por la vía verde, la versión final del artículo se publica en una revista y, después de un período de embargo, el autor lo deposita en un repositorio de acceso abierto, sin pagar por ello.
Como explica Méndez, para la vía dorada “haría falta una regulación de los precios por publicación a escala mundial, porque el sistema ha de ser global”. Además, opina que debe haber otras opciones “para legitimar la publicación en abierto en repositorios, sobre todo cuando se ha invertido tanto esfuerzo en ellos”.
El mantra de la open science es ‘abierto por defecto’, es decir, que todas las publicaciones y los datos de investigación estén disponibles siguiendo los principios del acrónimo FAIR, que describe cómo deben ser los resultados de investigación: Findables, Accessibles, Interoperables y Reusables.
Pero ahí no acaba todo. También supone involucrar a los ciudadanos en la investigación, la educación en abierto y nuevas metodologías colaborativas. Para ello es imprescindible crear infraestructuras digitales, aplicar un nuevo código ético de integridad científica, así como elaborar una nueva generación de métricas que permitan cambiar el sistema de incentivos tradicional.
La plataforma europea OSPP está trabajando en los compromisos prácticos para la implementación “porque es lo que realmente falta, implementaciones prácticas y compromisos fuertes que las permitan”, dice su chair.
“Las recomendaciones son útiles pero no suficientes, ya que no son vinculantes. Los Estados tienen la responsabilidad de aplicar las recomendaciones a nivel nacional para que estas sean efectivas. En el caso de la política de investigación e innovación, donde la competencia la comparten la UE y los Estados miembros, la actuación de estos últimos es fundamental para su buen desarrollo”, explica López de San Román.
La mayor barrera para la ciencia abierta es el sistema tradicional de incentivos que se basa en el factor de impacto de las revistas: las de más alto impacto se encuentran tras barreras de pago y modelos de suscripción, muy rentables para las grandes editoriales, pero que llevan (en el mejor de los casos) a pagar, con fondos públicos, por el acceso y por la publicación.
Para Méndez, esto supone que se haya establecido “algo así como una doble moral en la difusión científica: la que le gustaría hacer al investigador en coherencia con las herramientas de producción, la comunicación digital de la ciencia y el compromiso con la sociedad; y la que tiene que hacer en virtud de lo que se entiende como carrera investigadora”.
La Comisión Europea lleva años impulsando el acceso abierto a los resultados que financia a través de los Programas Marco para la Investigación y la Innovación. El Comisario de Investigación, Carlos Moedas, destaca que la ciencia abierta es uno de sus tres objetivos principales, junto con la innovación abierta y la apertura al mundo.
En España, todas las convocatorias del Plan Estatal de I+D incluyen la obligación de publicar en acceso abierto y en muchas se menciona al gran repositorio nacional, Recolecta. Sin embargo, la Ley Española permite ‘saltarse’ ese precepto, porque el último artículo de la Ley de la Ciencia indica que, si un investigador llega a otro acuerdo con la editorial, prevalece dicho pacto.
Además, “uno de los mayores problemas es que las agencias de evaluación no estaban implicadas en este proceso. Cuando se da el dinero para un proyecto se piden unos requisitos, pero cuando se evalúa el mérito investigador eso no se pondera. Ese ha sido uno de los problemas más graves”, ejemplifica Rico.
La Comisión Europea sí es tajante al respecto. “Hasta ahora no había comenzado a ejercitar su capacidad punitiva, pero después de siete años de tenerlo como obligatorio está comenzando a mandar notificaciones a los investigadores para que cumplan ese criterio y advirtiendo que, en caso de incumplimiento, le pueden quitar parte de la financiación”, asegura la responsable de acceso abierto en FECYT.
A todo esto hay que sumarle que, en ocasiones, la comunidad científica se enfrenta al desconocimiento sobre cómo publicar en abierto. También frenan la falta de apoyo institucional y financiero, y el sistema de incentivos, promoción y desarrollo profesional. “Es necesario un cambio cultural por parte de los investigadores, de las instituciones y de los organismos de financiación, a favor de la ciencia abierta”, concluye la Policy Officer de la Comisión Europea, López de San Román.
Eva Méndez, chair de la OSPP, es optimista: “Los investigadores, los financiadores y los editores se mantienen rehenes en un abrazo mortal, como dice mi colega Barend Mons, al continuar conduciendo, publicando, financiando y juzgando a la ciencia de la misma manera que en el siglo pasado. Hasta ahora, nadie parece ser capaz de romper este estancamiento o ese abrazo mortal. Sin embargo yo creo que es posible y estamos a punto de hacerlo”.
Entre los galardonados de esta edición se encuentran investigadores que han abierto nuevas vías en el tratamiento de enfermedades, aplicado la visión artificial a campos como la cirugía robótica o los coches autónomos, y contribuido a abordar la crisis ambiental con estudios de referencia sobre el cambio climático y la extinción actual de especies.
Pedro Sánchez ha anunciado hoy la puesta en marcha de un nuevo ecosistema de asesoramiento científico que se encargará de conectar al gobierno con las universidades y centros de investigación para mejorar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. Habrá además una convocatoria de dos millones de euros para la financiación de proyectos.
