Con el objetivo de reforzar el derecho a la protección de la salud que recoge la Constitución, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de la Ley de Salud Pública. Entre otras medidas, la norma contempla la creación de la Red Española de Vigilancia en Salud Pública para evaluar riesgos sanitarios y también, y para coordinar actuaciones, el Centro de Análisis de Políticas y Actuaciones en Salud Pública.
El anteproyecto de la Ley de Salud Pública, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, tiene como objetivo reforzar la protección de salud, tal y como establece el derecho a la protección de la salud que recoge la Constitución española.
Consensuada con las Comunidades Autónomas, la norma persigue que la salud de la sociedad española alcance un nivel máximo y que se mantenga en ese punto. Para ello, el anteproyecto quiere garantizar los derechos y deberes individuales o colectivos en cuanto a las prestaciones de salud pública, la promoción y la prevención de la salud.
Las desigualdades sanitarias también son abordadas en el texto, que quiere lograr su disminución. Otra meta que se propone es conseguir que la salud sea considerada como consecuencia de otras políticas. Además, las administraciones deberán ser transparentes en sus actuaciones de salud pública y garantizar su independencia de cara a los ciudadanos.
Con el objetivo de detectar cualquier riesgo para la salud pública, la norma recoge la creación de la Red Española de Vigilancia en Salud Pública. De este nuevo instrumento dependerá la Red Española de Laboratorios en Salud Pública. Además, se evitarán intervenciones innecesarias o de eficacia no demostrada científicamente en este campo para evitar molestias a los ciudadanos.
Nuevas herramientas de coordinación
El asesoramiento técnico y la evaluación de las actuaciones de salud pública correrán a cargo del nuevo Centro de Análisis de Políticas y Actuaciones de Salud Pública. También tendrá un objetivo coordinador la Comisión de Salud Pública, dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Por otra parte, la norma contempla la formación del Consejo Español de Salud Pública. En este órgano de consulta, adscrito al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, estarán representados aquellos departamentos de la Administración General del Estado cuyas políticas incidan en la salud.
De esta forma, el anteproyecto persigue coordinar la regulación sobre esta materia realizada desde las diferentes Comunidades Autónomas. Valencia, Cataluña, Castilla y León o Baleares ya han promulgado sus propias normas mientras que otras como Andalucía o Extremadura, trabajan en su publicación.
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