Queda menos de un mes para la celebración en la capital española de la cumbre climática COP25, tras la renuncia de Chile. En tiempo récord, los gobiernos de ambos países colaboran con la ONU en la organización. La presencia de la activista Greta Thunberg está en el aire por problemas con el transporte, así como parte de la sociedad civil que planeaba participar en el país latinoamericano. La lista de jefes de Estado tampoco está cerrada.
Al llegar a una cumbre del clima lo primero que sorprende suele ser la gran dimensión del recinto y la diversidad de gente que se da cita en esta multitudinaria reunión para la toma de decisiones ante la crisis climática.
Por una parte, la población civil suele tener un lugar en diferentes pabellones o espacios que congregan a ONGs ambientales, científicos, población indígena, empresas, emprendedores climáticos y diferentes iniciativas ciudadanas. Se trata de un área de encuentro y debate en el que se celebran eventos paralelos a las reuniones políticas y técnicas. En este caso se ha habilitado una "Zona Verde" para este fin, que se complementará con la organización de diferentes eventos dirigidos al público en general y la sociedad civil a lo largo de la toda la ciudad de Madrid.
Se espera desarrollar un programa denominado 'Castellana verde', un espacio versátil que irá desde Plaza Castilla hasta Atocha, donde diferentes edificios emblemáticos de Madrid acogerán conferencias, exposiciones o muestras específicas que aproximen la realidad del cambio climático y la necesidad de respuesta al ciudadano o al visitante en Madrid en esos días.
"No está previsto cortes de tráfico, sino una agenda de actividades. Sí se trata de utilizar esa capacidad que ofrece la arteria principal de Madrid como un espacio de participación", explicó esta mañana la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un encuentro con la prensa.
Por otro, en un lugar próximo, se ubicará la zona donde se llevan a cabo las negociaciones de la Conferencia de las Partes (COP) –estados miembros de la convención–, un espacio administrado por Naciones Unidas. En Madrid, se ha denominado "Zona Azul", donde estarán los dos plenarios y las salas de reuniones para la negociación y las salas y pabellones de las delegaciones, donde España contará con una sala de delegación.
En este escenario, jefes de Estado, ministros y técnicos discuten en distintas sesiones a puerta cerrada, para alcanzar acuerdos sobre mitigación, adaptación, financiación o ambición climática. "Desde Presidencia de Gobierno habrá una invitación a los jefes de Estado y de Gobierno, para que aquellos que lo deseen participen en la sesión inaugural y en alguna reunión específica que se celebre después", indicó Ribera. Aún no está cerrada, por tanto, la lista de mandatarios que asistirán, ni tampoco si se contará con la participación de Casa Real.
A las reuniones que se celebren a lo largo de las dos semanas en este espacio también pueden asistir como observadores ONGs, representantes de empresas y grupos de interés.
Se calcula que los costes de todo el montaje de la COP25, tomando como referencia cumbres anteriores, será de unos 60 millones de euros, con un retorno a la ciudad de Madrid de unos 100 millones de euros. "Hay que ver posteriormente cómo se puede hacer esa estimación. Estamos hablando de primeras cifras muy abiertas", dijo la ministra.
Su organización en una nueva ubicación, en la capital de España, a poco más de un mes del comienzo es un reto. De hecho, es la primera vez que una cumbre climática de esta magnitud se tiene que organizar en tan poco tiempo. La ubicación se suele anunciar en la cumbre climática anterior, por lo que los países anfitriones tienen al menos un año para prepararla. Para su celebración se han reservado 100.000 metros cuadrados en IFEMA - Feria de Madrid.
Desde que se anunció que Chile mantenía la presidencia de la COP25 pero renunciaba a ser la sede, las 25.000 personas de 200 países que se esperaba que acudieran a esta cita deben reubicarse en la capital española, lo que supone un desafío logístico y de seguridad.
“Se está haciendo todo lo posible para permitir una gran participación y para mantener la dimensión de los espacios de exhibición y eventos según lo planeado. La lista final de eventos paralelos y exhibiciones se ajustará al espacio disponible en el lugar de celebración”, anuncian desde la ONU.
Por otra parte, la asistencia de la población civil que se había organizado para acudir al a cita en Chile también supone un problema de patrocinios y logística para poder hacer frente a este cambio. Además, la llegada de activistas, como la mediática Greta Thunberg, está también en duda.
“Hemos estado en contacto con las personas próximas con Greta Thunberg. El problema que tiene esta activista no es de financiación, sino de modos de transporte. Parece ser que el Atlántico Norte en esta época del año no es fácilmente transitable. Le hemos ofrecido en todo caso que si no pudiera trasladarse le facilitaríamos una participación en alguna de las sesiones en remoto. Se están evaluando distintas opciones todavía”, explicó Ribera.
A esto se suma que, al celebrarse del 2 al 13 de diciembre, coincidirá con varias festividades en el momento central de la cumbre, con el consiguiente problema de alojamiento.
Estamos dándole una vuelta a cómo facilitar esa presencia de la sociedad civil que ha quedado varada en América Latina y que en muy poco tiempo tienen que organizar un sistema diferente. Habitualmente son organizaciones que cuentan con sistemas de patrocinio propios. Estamos en contacto con las grandes filantropias y fundaciones para ver quiénes han ido facilitando ese acompañamiento y estamos trabajando con la búsqueda de patrocinadores adicionales que nos permita facilitar un contingente de billetes de avión para permitirles trasladarse a España, añadió la ministra.
La que se celebrará en la capital española será la cumbre del clima número 25. La primera se celebró en Berlín en 1995 y desde entonces se ha realizado de forma anual. La de este año tendrá lugar dentro de un marco de urgencia: implementar los objetivos del Acuerdo de París y mejorar la ambición en reducción de emisiones de los países firmantes.
Este acuerdo, aprobado en 2015, sentó las bases para una transformación hacia modelos de desarrollo bajos en emisiones, con el compromiso de los 195 países firmantes. El 4 de noviembre de 2016 entró en vigor, al depositar los instrumentos de ratificación unos 55 países que representan por lo menos el 55 % de las emisiones mundiales. Tres años después, el 4 de noviembre de 2019, EE UU anunció que se retiraba del acuerdo.
En 2019 finaliza la vigencia del Protocolo de Kioto, por lo que en de enero de 2020 se tendría que implementar el Acuerdo de París. Esta COP25 tiene el reto de poner en marcha los mecanismos para limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C de media respecto a los niveles preindustriales a partir del año próximo.
Asimismo, los países firmantes del acuerdo se comprometieron a entregar nuevos planes generales nacionales de acción contra el cambio climático (NDCs, por sus siglas en inglés) cada 5 años, por lo que será en 2020 cuando tengan que aportar las siguientes, que tienen que ser más ambiciosas para cumplir con el objetivo del acuerdo.
La cumbre, que comenzará el 2 de diciembre, espera celebrar el día de apertura una ceremonia en presencia de los jefes de Estado y de Gobierno. La segunda semana de la COP será el momento de las reuniones de alto nivel ministerial en la que se unen a la cumbre los ministros responsables de la política climática.
El Acuerdo de París establece un plan de acción para limitar las emisiones de efecto invernadero y afrontar la crisis climática. "Una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, con un mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo a hacerlo".
Los 195 países firmantes se comprometieron a reunirse para fijar objetivos más ambiciosos basándose en criterios científicos, informar a los demás gobiernos y a la ciudadanía sobre sus avances, y evaluar los avances hacia el objetivo a largo plazo a través de un mecanismo sólido de transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo, incluye compromisos de mitigación, adaptación y financiación. El acuerdo reconoce también “la importancia de evitar, reducir al mínimo y atender a los daños y perjuicios debidos a los efectos adversos del cambio climático”. Por otro lado, “reconoce la importancia de las partes interesadas no signatarias: las ciudades y otras administraciones subnacionales, la sociedad civil o el sector privado”.
La interacción científica y política ha cobrado especial relevancia en las últimas cumbres del clima. “La Convención llama a las Partes a promover y cooperar con la investigación científica, incluso mediante el intercambio de información y el apoyo a programas, redes y organizaciones internacionales y la mejora de las capacidades de investigación de los países en desarrollo”, explican.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que evalúa la información científica, técnica y socioeconómica para comprender el riesgo del cambio climático inducido por el hombre, también colabora con la ONU y ha definido y fortalecido varias decisiones de la COP.
Para adoptar el Acuerdo de París, por ejemplo, la COP invitó al IPCC a proporcionar un informe especial en 2018 sobre los impactos del calentamiento global con un aumento de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales y las rutas de emisión de gases de efecto invernadero globales relacionadas.
Estos choques son la principal causa de muerte de cetáceos. Un nuevo estudio ha cuantificado, por primera vez, los riesgos que afrontan cuatro especies amenazadas de estos gigantes oceánicos en zonas clave de navegación mundial.
La expedición internacional Biodiversidad Global de Calcificadores Planctónicos Marinos ha aportado nuevas evidencias sobre este fenómeno, un proceso relacionado con el cambio climático que implica la progresiva invasión de aguas atlánticas en el océano Ártico.
