“La equidad en la distribución de las vacunas no es cuestión de caridad; beneficia a todos los países”, dijo Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, sus datos hablan de un reparto muy desigual: más del 80 % de las vacunas han ido a países del G20, mientras que los países pobres, africanos en su mayoría, han recibido solo el 0,6 %. Tres expertos españoles analizan qué ha fallado.
A principios de 2021 comenzó a distribuir vacunas COVAX, “la única iniciativa global que funciona con gobiernos y fabricantes para garantizar el acceso de las vacunas anti-covid-19 a todos los países, independientemente de sus recursos”, se explica en la web de esta plataforma formada por la OMS, GAVI y la coalición CEPI. El objetivo de COVAX era contar con 2.000 millones de dosis a finales de 2021, pero según el panel de vacunas de UNICEF solo ha distribuido hasta ahora unas 590 millones de dosis.
Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo Africano para la Adquisición de Vacunas (AVAT, siglas en inglés), el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) y la propia COVAX acaban de solicitar a países donantes y a los fabricantes de vacunas que las donaciones se hagan de forma planificada, con margen de tiempo. Con las de última hora “el riesgo de que las dosis caduquen aumenta de forma dramática”, advierten estas instituciones. La mayoría de donaciones hasta ahora se han hecho así, y “la tendencia debe cambiar”.
“Aunque la tasa de desperdicio global de las vacunas COVAX es hoy extremadamente baja”, indica un portavoz de GAVI al Covid Vaccine Media Hub, “es probable que esta tasa aumente a medida que crece el suministro en los próximos meses. Para reducirlo, instamos a los países donantes a que se aseguren de que las dosis donadas tengan un mínimo de diez semanas de vida útil cuando lleguen al país, excepto cuando los países receptores indiquen su voluntad y capacidad de absorber dosis con una vida útil más corta”.
Esta es una de las cuestiones mejorables, pero no la única. Tres expertos españoles dan su visión a SINC en el Covid Vaccine Media Hub.
“El problema no es económico”, afirma Virginia Rodríguez, responsable del proyecto de incidencia política del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal). “COVAX cuenta con recursos para adquirir los 2.000 millones de dosis, su objetivo para este año. Pero los países de rentas más altas han acaparado el mercado comprando dosis para vacunar varias veces a sus poblaciones. Por ello, y de forma no prevista originalmente, en los últimos meses, COVAX se ha convertido en un mecanismo para distribuir las dosis de vacunas donadas por los países que las han acaparado”.
COVAX vehicula las donaciones de los países con más recursos, pero también actúa como intermediario en la compra de vacunas de 50 países con pocos ingresos –lo hace agregando su demanda, para mejorar sus condiciones de negociación con la industria–. En la práctica, el gran volumen de compras de los países ricos ha obstaculizado esta segunda capacidad de COVAX.
“El acaparamiento de vacunas de los países de rentas altas ha provocado que COVAX se quede el último de la fila en la recepción de vacunas producidas y por producir”, dice Raquel González, responsable de Relaciones Institucionales de Médicos Sin Fronteras. “El mundo se enfrenta actualmente a un problema de escasez de vacunas en los países de rentas media y baja”, añade.
El problema de la falta de vacunas disponibles para países con menos ingresos se agravó tras la fuerte ola en India, explica González: “COVAX depende excesivamente del Instituto Serum de la India, con licencia para producir la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Ante la ola mortal de casos que sufrió el país desde marzo de 2021, su Gobierno redujo las dosis destinadas a la exportación”, lo que aumentó aún más la dependencia de COVAX de las donaciones de vacunas de los países de ingresos altos.
Adrián Alonso, investigador en el Global Health Centre en Ginebra (Suiza), llama la atención sobre lo novedoso y complejo del sistema COVAX, que “plantea un objetivo muy ambicioso que no se había probado antes”.
“A la vista está que no va a ser capaz de cumplir sus objetivos este año”, dice Alonso. “Sin embargo, no creo que culpar a COVAX del fracaso sea enteramente justo, dado que ha tenido que competir con países que han firmado acuerdos para vacunar hasta cinco veces con pauta completa a su población”. En su opinión, “se podría haber dado más importancia a COVAX como mecanismo de compra y distribución de dosis”.
Otros factores al margen de COVAX también han contribuido a que la situación sea la que es, señala Alonso. Uno es el hecho de que el sector público haya “financiado gran parte del desarrollo de las vacunas, desde la tecnología fundamental y la investigación básica, sin apenas imponer condiciones de retorno social”.
Los poderes públicos han invertido sin asegurarse de que su inversión supone un aumento del acceso global, de la capacidad de producción o la transparencia y dejando que fuera el mercado el que decida la asignación de vacunas
“Ningún accionista invertiría sin una estimación del retorno de la inversión, pero los poderes públicos han invertido sin asegurarse de que su inversión supone un aumento del acceso global, de la capacidad de producción o la transparencia y dejando que fuera el mercado –el que pueda, paga– el que decida la asignación de vacunas”, señala el experto. “En el peor de los casos, algunos gobiernos introdujeron condiciones para el acceso prioritario de su población frente al resto del mundo”, continúa.
También critica el comportamiento “francamente conservador” de varias compañías productoras de vacunas, que han dominado “la producción y distribución, constriñendo la oferta, sin hacer grandes esfuerzos por crear o expandir la capacidad de producción a otras regiones”.
Para Alonso, ha habido, además, otras oportunidades no aprovechadas para mejorar el acceso global, como la creación de C-TAP, una plataforma creada por la OMS y Costa Rica para que institutos de investigación y compañías pusieran a disposición su conocimiento y tecnología –gratuitamente o a cambio de regalías– para que otros lo aplicaran a aumentar la capacidad de producción, la velocidad de desarrollo, etc. La industria farmacéutica no apoyó esta iniciativa.
De hecho por ahora solo el gobierno español ha llegado un acuerdo recientemente para que cualquier compañía del mundo pueda fabricar un test de antígenos desarrollado por el CSIC.
Raquel González destaca que han faltado y faltan fondos para todo lo necesario en una campaña de vacunación, además de la propia vacuna: “Los salarios del personal sanitario, las formaciones o la infraestructura de la cadena de frío” son costes que dependen de presupuestos sanitarios nacionales, que en países con pocos recursos ya son exiguos.
Estos costes también cubren “las estrategias de sensibilización e implicación de la comunidad, algo que ha faltado en muchos contextos, contribuyendo a la resistencia a la vacunación y la falta de confianza”, añade González.
“La desinformación sigue siendo un factor crítico en esta pandemia, y no se han dedicado los recursos adecuados para superar las dudas sobre las vacunas”, recalca.
España se ha comprometido a donar a través de COVAX un total de 22,5 millones de las vacunas autorizadas en la Unión Europea y utilizadas en España, de las cuales al menos 7,5 millones se destinarán a países iberoamericanos, explicó el Gobierno de España. Las donaciones comenzaron el pasado mes de agosto.
Posteriormente, se ha anunciado un aumento en las donaciones, hasta llegar a 50 millones en el primer trimestre de 2022. “España ha dado pasos significativos para mejorar el acceso equitativo a las vacunas en países de rentas medias y bajas”, opina Raquel González.
“Desde el pasado mayo, donde presentó el documento “Vacunas para todos” en la Cumbre Social de Oporto, manifestó su apertura a apoyar la exención temporal de algunos acuerdos de propiedad intelectual; así como el vital apoyo a la C-TAP, donde ha compartido un nuevo test diagnóstico de detección de la COVID19. Es la primera licencia abierta compartida a nivel mundial”, comenta la experta.
Adrián Alonso también cree que “España ha ido desarrollando una acción diferenciada de varios países occidentales”. Este experto también resalta el reciente acuerdo de licencia entre el CSIC y C-TAP, y recuerda que nuestro país “fue de los primeros países occidentales en posicionarse a favor del levantamiento de los derechos de propiedad intelectual y de un nuevo tratado de pandemias”.
“Además, ha participado en la financiación de CEPI (organización público-privada que financia el desarrollo de vacunas para enfermedades con potencial epidémico, que financió el desarrollo temprano de vacunas como la de Oxford, Curevac o Novavax), COVAX y ha anunciado el apoyo y compromiso con el refuerzo del papel y la financiación de la OMS de cara al futuro”, concluye.
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