Parafraseando a un político gallego que decía “el país arde y nosotros discutimos de quién son las mangueras”, hoy se plantea la pregunta: ¿de quién es el Ártico? Ocho estados se dividen la soberanía de la cuenca ártica, un área de explotación de petróleo, gas y minerales. Los pueblos indígenas, castigados por las enfermedades y la violencia social, reclaman su gobernanza en la región del planeta más devastada por el cambio climático.
Un mal año para el Ártico. Las evaluaciones científicas no dejan lugar a dudas: el Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve (NSIDC, por sus siglas en inglés) estima que el hielo ártico continúa disminuyendo y establece un ritmo del 13,4 % de descenso por década, en relación con el promedio entre 1981 y 2010. Además, los períodos con mayor deshielo desde que hay registros por satélite se han producido en los últimos nueve años. Nada apunta a que las cosas vayan a mejorar.
Bajo la sombra del cambio climático cogen fuerza otras viejas disputas en esta región del polo norte. El deshielo abre nuevas rutas de navegación, la posibilidad de abrir campos petrolíferos y de gas, y con ellas, nuevas incertidumbres, como la capacidad de adaptación de los pequeños estados isleños.
La realidad es que la pérdida del hielo en verano afecta a los ecosistemas árticos y la región es cada vez más accesible para la navegación y otras actividades. "Lo que hemos visto este verano refuerza nuestras conclusiones de que el hielo marino del Ártico sufre un declive a largo plazo", asegura Marcos Serreze, director del NSIDC en un comunicado sobre los últimos análisis del hielo ártico.
Ante este panorama, en el que 10 millones de kilómetros cuadrados de hielo se derriten cada temporada, la paradoja del Ártico afecta directamente a los habitantes de todo el norte circumpolar.
Según Heather Exner-Pirot, directora de The Artic Year-book, el Ártico no constituye un objeto ambiental abstracto para los pueblos del norte, sino su tierra natal, su lugar de trabajo y el de su comunidad. “Ahora vuelven a sentirse marginados por actores políticos de latitudes medias, que reclaman que el Ártico sea un comunal mundial sujeto a la gobernanza global”.
“Hay que tener en cuenta los problemas de los pueblos indígenas, ¡es su Ártico! No solo es una fuente de recursos para el mundo, sino también un hogar para mucha gente que lo ha poblado durante décadas”, declara a Sinc Gary Gadner, codirector del libro La situación del mundo 2015. Un mundo frágil.
¿Quién gobierna el Ártico?
Ocho estados se dividen la soberanía de la cuenca ártica: Canadá, Dinamarca, EE UU, Noruega, Rusia, Finlandia, Islandia y Suecia.
Desde que un grupo de científicos rusos plantara en 2007 una bandera de titanio en el fondo del mar helado del Ártico reclamando que Rusia comparte plataforma continental con el polo norte, se ha generado una ‘guerra de los descubrimientos’ en torno a esta acción sin grandes efectos políticos.
“En la práctica jurídica y política, desde mi punto de vista, las cosas son bastante más normales”, explica a Sinc Elena Conde Pérez, responsable de la dirección del proyecto La carrera por el Ártico: cuestiones de Derecho Internacional a la luz del cambio climático, y profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid.
El Ártico no es un espacio como la Antártida, con un tratado que la rige en su totalidad, "sino que depende del derecho internacional general, de algunas normas generales y del derecho local de cada uno de los Estados. Es decir, en este sentido es un espacio parecido al Mediterráneo”, añade Conde.
Sin embargo, en el desarrollo del Convenido de Derecho del Mar (CDM), la ‘Constitución de los océanos’, se han planteado reivindicaciones de plataforma continental extendida, debido a que buena parte de los recursos energéticos por descubrir se encontrarían en esta zona.
“No es que se esté produciendo una batalla descontrolada por ganar nuevas cuotas de soberanía –apunta la investigadora–. Creo que el Ártico va a seguir siendo un espacio de cooperación, pese a las actitudes expansionistas y al conflicto reciente con Rusia, que fue la primera región en solicitar una extensión de su plataforma continental”.
Ese gesto político generó un debate por parte del Parlamento Europeo, que en 2008 votó a favor de que esta región fuera un espacio especialmente protegido y un patrimonio común de la humanidad. Ante esto, los estados árticos reaccionaron diciendo que es un espacio como cualquier otro regido por el derecho internacional.
“La idea romántica de un tratado que establezca un régimen global en el Ártico, del mismo modo que existe en la Antártida, ha sido una reclamación clásica del Parlamento Europeo, pero hay un elemento totalmente distinto. El Ártico no es un continente, sino que es un mar donde los estados ribereños tienen una serie de competencias que reconoce el CDM. Además, cualquier explotación se hace en beneficio de dichos países”, señala a Sinc Mar Campins, profesora de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Barcelona.
Respecto a las nuevas rutas de navegación, en mayo de 2015 se ha adoptado en el marco de la Organización Marítima Internacional el Código Polar, que regula el tráfico marino en esa región. Entrará en vigor en 2017 y establece medidas para prevenir catástrofes, como el diseño de buques, operaciones y dotación, así como la formación del personal a bordo en rescate, búsqueda y protección medioambiental. En el Consejo Ártico también se han adoptado medidas específicas sobre la prevención de siniestros y respuesta rápida.
“Legislación internacional hay, aplicable y útil; el problema es el nivel de adaptación. Si se produjera en el Ártico un accidente como el del Golfo de México, no habría una capacidad de respuesta suficiente para evitar una auténtica catástrofe planetaria”, afirma Campins.
La verdad incómoda de los pueblos indígenas
Campañas de ONG como Greenpeace, el documental de Al Gore de 2006 Una verdad incómoda, y las imágenes de osos polares famélicos han puesto en el punto de mira al Ártico como principal campo de batalla contra el cambio climático. Sin embargo, la invisibilidad de las poblaciones indígenas en esta lucha y su papel como ‘víctimas’ que necesitan ser salvadas por gestores externos ha generado reivindicaciones de estos pueblos.
En 2014, Okalik Eegeesik, presidenta de la Conferencia Circumpolar Inuit, decía durante el Consejo Ártico celebrado en Reikiavik (Islandia): “Muchos de los recién llegados al Ártico perciben la región como si padeciera un vacío de gobernanza o debiera ser considerada patrimonio común de la humanidad. Estas apreciaciones ignoran a la población que vive en el Ártico. […] Pedimos que se nos consulte antes de reivindicar el Ártico de acuerdo con sus propios intereses”.
Los pueblos indígenas están integrados dentro de los estados soberanos, y en este marco tienen diferentes regímenes de autogobierno. “No es el mismo nivel de autonomía el de Noruega o Finlandia, que en Rusia, donde es prácticamente inexistente”, dice la investigadora de la Universidad Complutense.
El de Dinamarca también es un caso especial, ya que Groenlandia puede llegar a ser en un futuro el primer estado indígena del mundo “y en un futuro no muy lejano, ya que tiene su propia acta de autogobierno”, añade la experta. “En esta isla, el 90% de sus habitantes son inuits. En un supuesto en el que se estableciera como estado soberano, sería con población indígena”, declara Campins.
Los países europeos han construido instrumentos internacionales entre los pueblos indígenas árticos para promover sus derechos sobre la tierra, el ganado y la explotación de los recursos propios. En la otra cara de la moneda están los estados americanos y Rusia, donde este desarrollo no se ha producido. “La federación rusa considera la zona del Ártico como un área de explotación preferente de petróleo, gas y minerales, y que sean indígenas no les importa. Incluso han vetado en el Consejo Ártico a los representantes de estas comunidades, que eran participantes permanentes”, asevera Campins.
Timo Koivurova, director del Northern Institute for Environmental and Minority Law Arctic Centre de la Universidad de Lapland (Finlandia), que estudia el derecho de los pueblos indígenas en el Ártico, declara a Sinc: “En muchos de los países el problema es que la población indígena está perdiendo su cultura tradicional. Al encontrarse cada vez más integrados en el mundo globalizado, no tienen destrezas para sobrevivir en esta sociedad, y aparecen enfermedades, violencia y nuevos problemas en estos colectivos. A ello hay que añadirle que muchas de estas poblaciones dependen de la financiación pública”.
Niño inuit limpiando pieles para confeccionar ropa (Canadá). / EFE
El cambio climático ha perturbado a estos pueblos y a sus rutinas de caza. El comportamiento impredecible del hielo provoca muertes en estas comunidades. “El conocimiento que heredaron de sus ancestros ya no les sirve”, añade el experto.
Volke Rachold, secretario ejecutivo del Comité Internacional de Ciencia Ártica (IASC), apunta a Sinc: “En el Ártico hay cuatro millones de personas con diferentes situaciones. Los indígenas tienen problemas, no solo por el cambio climático, sino también por la globalización y la industria que llega a sus regiones y afecta a sus condiciones sociales, vitales y de salud. Nuestra institución apoya a la gente indígena y aconseja a los decisores políticos con evidencias científicas”.
Canadá tampoco escapa a la leyenda negra. Según Campins, “ahora tiene un mayor reconocimiento hacia las poblaciones inuits porque es lo que le interesa. En los años 40, lo único que hizo con ellas fue utilizarlas para reclamar su soberanía sobre el Ártico”. Demasiados intereses en juego.
La Unión Europea tiene mucho que ganar en materia pesquera, en transporte de mercancía y en rutas transárticas, así como en la explotación de recursos naturales del Ártico. Por este motivo, ha ido adoptando comunicaciones, estrategias y declaraciones. A pesar de esto y de tener tres estados implicados –uno de ellos ribereño– no es un actor principal en esta región.
“Ocho años después de la primera declaración de la UE al respecto, estamos esperando la tercera y la verdad es que apenas se ha avanzado. No se están manejando bien ni los tiempos ni los modos”, subraya Campins.
Por su parte, España es observador en el Consejo Ártico y está preparando el primer documento de estrategia política hacia esta región. “Nuestro país no es ajeno a otros del entorno –añade la experta en derecho internacional–, como Francia y Alemania, que tienen también sus documentos. Eso sí, los está preparando con lentitud, por la situación política en la que nos encontramos y porque vamos a la zaga de los desarrollos que se producen en la UE para ser consecuentes”.
Esta actuación lenta no solo respecto a la explotación, sino también al uso de la navegación y de los regímenes de paso en los canales árticos, puede ser problemática en el futuro en relación con la postura que tienen los estados ribereños. “España, que tiene una labor muy activa en la Antártida, debe priorizar también esta región teniendo en cuenta su situación económica y geopolítica”, concluye Campins.
La expedición internacional Biodiversidad Global de Calcificadores Planctónicos Marinos ha aportado nuevas evidencias sobre este fenómeno, un proceso relacionado con el cambio climático que implica la progresiva invasión de aguas atlánticas en el océano Ártico.
Un informe de UNICEF alerta sobre el aumento exponencial de los peligros climáticos para niños y adolescentes. Advierte también sobre los retos de la brecha tecnológica y los cambios demográficos, y subraya la necesidad de medidas urgentes para garantizar sus derechos.
