La otra conquista de la Luna

A simple vista, el exuberante Parque Nacional de Yellowstone poco tiene que ver con el desolado paisaje lunar del Mar de la Tranquilidad. Allí no existe vegetación, ni poderosos géiseres, ni fauna salvaje pastando a sus anchas. Pero podrían tener algo en común si sale adelante un proyecto de ley que persigue declarar parques nacionales de EE UU a todos los lugares en los que aterrizaron las naves Apolo entre 1969 y 1972. La primera, el Apolo 11, alunizó hace ahora 45 años, el 20 de julio de 1969.

El astronauta Vance Brand, ya retirado, viajó en la última nave del programa, la Apolo-Soyuz, en 1975. En su caso, el aparato no tenía como objetivo llegar a la Luna, sino acoplarse por primera vez con una nave soviética, la Soyuz. Brand se muestra a favor de preservar todos los lugares de aterrizaje lunar, tal y como ha declarado a Sinc a través de un portavoz.

“El programa lunar Apolo fue uno de los grandes logros de la historia estadounidense”, afirma el proyecto de ley, presentado en la Cámara de Representantes del Congreso de EE UU en julio del año pasado por la representante demócrata Donna Edwars, a la que se sumó la también demócrata Eddie Bernice Johnson.

El documento, remitido al Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología y al Comité de Recursos Naturales, todavía no ha sido presentado en este período de sesiones –que concluye en enero de 2015– y los expertos no confían en que prospere.

“Por la información que me llega desde el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología, la iniciativa será revisada y se volverá a presentar”, adelanta a Sinc Beth O’Leary, arqueóloga de la Universidad de Nuevo México (EE UU) especializada en cuestiones espaciales.

Para que saliera adelante tendría que aprobarse por las dos cámaras del Congreso –la Cámara de Representantes y el Senado– y, posteriormente, ser firmada por el presidente Barack Obama, algo muy difícil hoy por hoy.

Contrario a la ONU

El proyecto de ley pretende proteger a los lugares lunares que tocaron las naves Apolo, incluida su tripulación, de iniciativas comerciales o naciones extranjeras que ya tienen capacidad para aterrizar en la Luna, como es el caso de China.

Al mismo tiempo, persigue que, a través de esta protección, reciba un mayor reconocimiento público. “Los lugares y artefactos que puso Estados Unidos en la superficie de la Luna son significativos para este país y para la historia de la humanidad, como parte de la Guerra Fría y de la exploración espacial”, destaca O’Leary.

En su opinión, la iniciativa está mal planteada porque no engloba a la comunidad internacional, y choca con el Tratado del Espacio Exterior de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), firmado en 1967 y al que se han adherido más de 100 países, entre ellos, Estados Unidos.

En su artículo II, el Tratado establece que el espacio ultraterrestre, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera.

“Si el proyecto se convierte en ley y establece una propiedad y jurisdicción permanente y exclusiva de estos lugares lunares, con el control de Estados Unidos, podría considerarse contrario a la prohibición de apropiación del Tratado de la ONU”, advierte a Sinc Ram Jakhu, director asociado del Centro de Investigación del Aire y el Derecho Espacial (Canadá).

Una posición que podría enfrentar a EE UU con otros estados. “Declarar estas áreas como parte de un parque nacional estadounidense podría ser percibido por otros países como un reclamo de soberanía sobre la superficie lunar, lo que contradice al Tratado de la ONU”, añade O’Leary.

Ambos expertos se muestran contrarios a la iniciativa legislativa, al plantearse de forma unilateral, y recuerdan que la protección de estos sitios es un asunto de interés y preocupación de toda la humanidad. “La protección debería lograrse a través de un acuerdo internacional que podría iniciar Estados Unidos”, propone Jakhu.

Aunque los aparatos que permanecen en la Luna pertenecen a la NASA, la superficie en la que se asientan son, según la ONU, de toda la humanidad. / NASA

Un primer paso podría ser el conocido como Acuerdo de la Luna, que la ONU publicó en 1979, y que reconoce al satélite como una propiedad común que, como tal, debería regirse por un régimen jurídico internacional. Sin embargo, este texto solo lo han ratificado quince países, entre los que no se encuentran ni Estados Unidos ni España.

Por su parte, la NASA hizo público en 2011 un documento sobre cómo proteger y preservar el valor científico e histórico de los artefactos depositados en tierra lunar por el Gobierno estadounidense. En su redacción participó O’Leary aunque admite que el trabajo “no son más que directrices y no tienen la fuerza de ley ni de tratado internacional”.

Patrimonio de la Humanidad

También hay voces que se muestran partidarias del proyecto de ley, como Pete J. Capelotti, antropólogo de la Universidad Penn State (EEUU). “El proyecto debería aprobarse”, asegura a Sinc. En su libro La Arqueología Humana del Espacio (2010), Capelotti propone que estos lugares sean tratados como reservas arqueológicas, con áreas delimitadas claramente “para protegerse del deterioro ambiental y de los efectos de la exploración futura, las visitas y una potencial explotación”.

Esta protección máxima ya existe en la Tierra a través de las figuras de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Por eso, el proyecto de ley también contempla que, una vez declarados los parques nacionales lunares, se presenten a este organismo para conseguir el título de Patrimonio de la Humanidad, algo irrealizable en estos momentos.

“La lista de Patrimonio Mundial no contempla otros cuerpos celestes además de la Tierra. Por otra parte, es el país miembro de la Convención de Patrimonio Mundial quien propone el sitio que quiere proteger y tiene que estar dentro de sus propias fronteras”, explica O’Leary, que aún así apuesta por otorgar esta protección a los lugares Apolo.

Aunque el proyecto de ley no parece que vaya a salir adelante, los expertos consideran positivo que haya abierto un debate sobre la propiedad y responsabilidad espacial, algo que se ponía de manifiesto hace unos meses con la oscarizada película Gravity y la basura espacial.

“En la cinta se hacía evidente la dificultad de adjudicar responsabilidades cuando la posesión de los objetos está en duda, ya sea por las estipulaciones de las leyes espaciales internacionales o por limitaciones tecnológicas”, comenta a Sinc Laura Delgado, jefa de proyecto de Secure World Foundation, una fundación dedicada a la seguridad espacial.

La solución del continente helado

Otro lugar que fue tan inhóspito como la Luna hasta hace solo unas décadas también experimentó los mismos problemas de soberanía que el satélite: la Antártida. “La Luna debería ser considerada como la Antártida, una reserva internacional para la ciencia y la educación”, compara Capelotti.

En el continente helado rige, desde 1961, el Tratado Antártico, un documento que consiguió poner de acuerdo a los países más enfrentados en esa época, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, sumidos entonces en plena Guerra Fría.

“Mi balance es que se trata de un tratado muy exitoso, que ha servido para contener posibles tensiones, reducir los impactos y convertir a la Antártida en un símbolo de cooperación internacional”, resume a Sinc Jerónimo López Martínez, geólogo de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente del Comité Científico para la Investigación Antártica (SCAR por sus siglas en inglés).

Su nacimiento evitó que potencias como Reino Unido, Estados Unidos o Argentina siguieran usando el territorio como zona de pruebas militares y consagró a la Antártida como un territorio utilizado exclusivamente para fines pacíficos, con libertad total para la investigación científica.

La Antártida es un paraíso casi virgen para la investigación científica gracias al Tratado Antártico. / MINECO

“Es único en el mundo, pues preserva el medioambiente antártico para la investigación y la ciencia y congela las reivindicaciones territoriales que existían sobre diferentes sectores de la Antártida”, indica a Sinc Juan Luis Muñoz, subdirector general de Relaciones Económicas Multilaterales y de Cooperación Aérea, Marítima y Terrestre.

Con una vigencia indefinida, el documento ha pasado de los 12 firmantes originales a 29 que tienen la condición de partes consultivas –entre ellos España, desde 1988–. A estos hay que añadir 21 países más (sin derecho a voto), lo que suma un total de 50 estados. “Esto supone unas tres cuartas partes de la población mundial”, calcula el presidente de la SCAR.

El dilema de los recursos

El paso del tiempo ha servido para que nuevos países ratifiquen el Tratado y para que a su alrededor surjan nuevos acuerdos y órganos articulados en el Sistema del Tratado Antártico. Uno de estos acuerdos es el Protocolo de Madrid –para la protección medioambiental–-, que prohíbe toda actividad relacionada con los recursos minerales, excepto para la investigación científica.

¿Serviría este texto como ejemplo de cooperación internacional para la Luna? “Podría ser un modelo a tener en cuenta”, opina Muñoz. Un punto de vista compartido por López Martínez. El geólogo enumera las similitudes entre ambos territorios: son de interés común internacional, no pertenecen a ningún país, no tienen población y cuentan con dificultades de acceso y supervivencia.

La última misión tripulada a la Luna ha sido la Apolo 17. En la imagen el astronauta Eugene A. Cernan saluda a la bandera estadounidense. / NASA

Pero existen opiniones contrarias, como la del astronauta de la NASA Harrison H. Schmitt, miembro de la Apolo 17, que es, hasta hoy, la última misión tripulada enviada a la Luna. En su libro Vuelta a la Luna (2010), Schmitt se muestra en contra de utilizar un tratado similar al antártico en el satélite.

“Cometeríamos un grave error si se aplicaran parte de sus principios en la Luna. Prohibir el desarrollo de los recursos lunares, por ejemplo, negaría a la humanidad una de sus opciones más importantes para una prolongación indefinida y una mejora de la civilización”, apunta en uno de los capítulos. Estados Unidos, Rusia, China e India han mostrado su interés en extraer de allí helio-3, un posible combustible para la ansiada energía de fusión nuclear.

La jurisdicción en alta mar

Los océanos también siguen una regulación específica para su explotación aunque no han cosechado tan buenos resultados como la Antártida. Los principales espacios bajo jurisdicción de los propios estados son las aguas interiores, el mar territorial y zona contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva. La jurisdicción internacional llega en alta mar. “En ella existe libertad de navegación y pesca, sobrevuelo o investigación científica. Ningún Estado puede reclamar soberanía en estas aguas”, recalca a Sinc Pilar Marín, científica marina de Oceana.

En cuanto a la explotación de los recursos energéticos del fondo marino, si un Estado solicita un permiso para extraerlos, los recursos pertenecerán al país o a la compañía que los explote. El problema viene cuando el petróleo se encuentra en una zona limítrofe entre las jurisdicciones de dos países.

Ya sea en los océanos, en la Antártida o en la Luna, el ser humano ha conseguido llegar a lugares antes descritos solo en libros de ciencia ficción, como los de Julio Verne. En las aventuras del francés, la humanidad era capaz de construir submarinos, enfrentarse a monstruos y diseñar una nave con la que alcanzar el lejano satélite. Lo más difícil no sería llegar a todos estos sitos sino administrarlos después. Lástima que no lo dejara también por escrito.