El Gobierno uruguayo ha decidido legalizar y controlar la producción de marihuana en el país. Estudios recientes aseguran que las restricciones no son efectivas para frenar el tráfico de drogas; sin embargo, otros expertos siguen creyendo que facilitar el acceso aumenta las adicciones en la sociedad.
Este martes, la Cámara de Senadores de Uruguay ha aprobado, a propuesta del Gobierno de José Mújica, la ley por la que se establece el control y la regulación por parte del Estado del comercio, cultivo, producción, venta y consumo de la marihuana y sus derivados. El país sudamericano se convierte así en pionero de una medida única en el mundo actual, con una ley que regula todas las fases de este mercado.
“No nos gusta la droga. Pero la droga existe, camina. Escondiendo la cabeza no la atendemos. Queremos colocarla a la luz del día para conocer el tipo que consume, ver los problemas que tiene, poderlo atender, tenderle una mano a tiempo y dejar a la droga sin mercado. En Uruguay, el que vende es el Estado”, argumentaba el presidente hace unas semanas.
Según un reciente estudio publicado en la revista British Medical Journal, a pesar de las leyes prohibicionistas y el decomiso de sustancias, el mercado de la droga apenas se resiente. En las calles, marihuana, cocaína, éxtasis y otras drogas continúan presentes cada vez a un menor precio y los índices de consumo se mantienen. Así lo constató un equipo de investigadores tras analizar los datos recogidos por instituciones de todo el mundo.
“Los esfuerzos para reducir la oferta de drogas a través de simples medidas de restricción y prohibición no han sido efectivas en España ni en el resto del mundo”, señala a SINC Dan Werb, investigador del Centro de Excelencia de la Columbia Británica en Canadá, y uno de los autores del estudio.
“Es más probable que sean eficaces los esfuerzos para controlar los daños relacionados con las drogas a través de otros medios que no sean la prohibición, con un enfoque de salud pública”, defiende Werb.
El estudio señala que desde 1990, el precio de las drogas consideradas ilegales por la ONU se ha reducido, mientras que la pureza y potencia de las sustancias han ido en aumento. Esta situación indica un claro crecimiento de la disponibilidad y acceso para la población, según los investigadores.
Sin embargo, las autoridades españolas señalan que los resultados expuestos en este estudio no concuerdan con los datos recogidos por las fuerzas de seguridad del Estado. “Existe una mayor contaminación del producto”, explica Francisco Babín, delegado del Plan Nacional sobre Drogas. Y no solo eso, “el precio baja no solo por la mayor disponibilidad, también por una menor demanda”, asegura.
“Sin triunfalismos, está claro que una política equilibrada, que mantiene alta la guardia con los mercados de la droga, pero es sensible a la hora de proporcionar acciones de prevención, asistencia y reinserción, nos lleva a reducir de manera notable el consumo”, defiende Babín.
Y añade: “Cualquier droga puesta de manera legal a disposición de los consumidores acarrea inmediatamente un incremento del consumo, no solo por parte de adultos, también en menores. Se reduce la edad de iniciación y crece el número de personas que tendrán graves problemas de salud”.
Marco de regulación
Pero existen opiniones que apoyan otro marco de regulación. A juicio de Araceli Manjón-Cabeza, secretaria general de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), doctora en Derecho y exdirectora del gabinete del Plan Nacional sobre Drogas, las medidas actuales no funcionan.
“La prohibición no solo ha fracasado estrepitosamente en su fin de conseguir un mundo libre de drogas. Alcanzar esa meta es una quimera. Además ha provocado efectos colaterales tremendos que han comprometido las relaciones internacionales”, argumenta Manjón-Cabeza.
“Hay que plantearse modificar el sistema actual, teniendo en cuenta que la gente va a seguir consumiendo drogas con todo tipo de finalidades, incluso meramente recreativas. Debemos someter a estas sustancias a un control y una autorización”, expone Manjón-Cabezas.
La secretaria general de la UCM recuerda que este control, como el aprobado por Uruguay, no es una iniciativa pionera. “La experiencia no es nueva, lo que pasa es llevamos un siglo sin verla. En España a principios del silgo XX existía el carnet de dosis extraterapéuticas, donde se pautaba médicamente un control sobre las sustancias”.
El eterno debate
Para Manjón-Cabeza el paradigma es el siguiente. “En materia de drogas podemos plantear tres modelos teóricos: uno, que las monopolice el estado; otro, que el estado se lo ceda a determinadas empresas; y por último, que las controle el crimen organizado. Los dos primeros pueden ser discutibles. El último es una locura y, sin embargo, es el modelo actual”.
Por estos motivos sostiene que “es mejor un régimen de control y autorización por el Estado que uno en el que le damos todo el negocio al crimen organizado y al mercado negro”. Manjón propone un marco de regulación similar al existente en alcohol y el tabaco, en el que ambas drogas legalizadas están sometidas a los férreos y estrictos controles estatales.
Pero la complejidad del problema no se limita al control de las sustancias. Las drogas son adictivas y las adicciones traen consecuencias negativas. “Es cierto que la regulación o la normalización podrían reducir riesgos asociados con las mafias, pero con una mayor accesibilidad a las drogas, hay más riesgo de adicciones”, alerta Antonio J. Molina, psicólogo y director del centro de formación del Proyecto Hombre.
“Tenemos que buscar nuevas herramientas. Las utilizadas hasta hora no están siendo todo lo eficaces que deberían, pero la facilidad de acceso es un factor de riesgo para la aparición de trastornos”, señala Molina. “El acceso no suma para luchar contra las adicciones, resta en la eficacia”, expone el psicólogo en cuanto a una posible normalización.
Propuestas de soluciones
Las organizaciones que trabajan con drogodependientes consideran que se deben sofisticar las medidas y complementarlas con otras nuevas basadas en la prevención para reducir la demanda de drogas por parte de la sociedad, pero esta es “una propuesta a medio y largo plazo, no se puede esperar al mago Merlín para que arregle esto mañana”, argumenta Ignacio Calderón, director general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
“Hay que dotar a las personas de recursos necesarios para que decida libremente. Un chico de trece años, edad a la que empieza el consumo, lo tiene muy complicado sin un trabajo educativo desde las etapas iniciales; pero eso es mucho esfuerzo sacrifico, disciplina y tiempo; se vende mal”, se lamenta Calderón. Y finaliza: “La capacidad de rechazo no se inventa, se educa”.
Actualmente las denominadas drogas de diseño o de síntesis han aumentado su presencia en la sociedad. Unas nuevas sustancias que se mueven en un vacío legal debido a la rapidez con la que se instalan en el mercado y varían su composición. “En los últimos años han aparecido cerca de 300 sustancias que no están incluidas en la lista de las drogas ilegales de la ONU y se mueven con mucha facilidad en internet y otro mercados. Para cuando se produce la ilegalización de esas sustancias ya se han generado graves daños y una riqueza ilegal”, recalca Calderón.
Para evitar esta situación, la UE está poniendo en marcha una propuesta para agilizar los procesos de ilegalización de estas nuevas sustancias que se pueden dilatar hasta dos años. “Se están iniciando los trámites de una nueva directiva capaz de inmovilizar una sustancia de manera cautelar en los mercados, a la espera de las conclusiones científicas, para que los plazos sean más cortos”, indica Francisco Babín, delegado del Plan Nacional sobre Drogas.
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