El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Anteproyecto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hasta las 14 semanas de gestación se asegura a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo. La práctica se garantizará, de forma pública y gratuita, dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en el informe remitido hoy al Consejo de Ministros, ha explicado que esta ley ofrece más garantías jurídicas para las mujeres, más seguridad para los profesionales sanitarios y medidas para prevenir embarazos no deseados. Aído ha señalado que se trata de una norma más equilibrada y moderna, que nos acerca a Europa y que da, por primera vez, rango de ley a la educación sexual en España.
El informe señala que todas las personas tienen derecho a la mejor salud posible, incluida la salud sexual y reproductiva, y el derecho a tener hijos y a decidir cuándo tenerlos. Así, y hasta la semana 14 de gestación, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente, siempre que, como mínimo tres días antes de la interrupción, haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de las que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión.
De manera excepcional, la ley contempla que hasta la semana 22 la mujer podrá interrumpir el embarazo sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. En los dos casos, deberá acompañar un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.
A partir de esta fecha, sólo un comité clínico podrá autorizar una interrupción a petición de la embarazada cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable. En este supuesto, según el informe de la ministra de Igualdad, se eleva el nivel de garantías y se exige que sea un comité clínico pluridisciplinar quien autorice la interrupción del embarazo tras el diagnóstico.
La Interrupción Voluntaria del Embarazo se garantizará dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), para que sea una prestación pública y gratuita. El gobierno velará igualmente por el cumplimiento efectivo de estos derechos a través de la Alta Inspección Sanitaria.
Sin pena de cárcel
Con la nueva ley, ninguna mujer podrá ser penada con cárcel por interrumpir su embarazo. Sin embargo, Aído ha insistido que esto no quiere decir que las prácticas ilegales queden impunes.
Por último, en la disposición final segunda del anteproyecto, se plantea la modificación de la Ley de Autonomía del Paciente para equiparar la Interrupción Voluntaria del Embarazo al resto de prestaciones sanitarias, donde la mayoría de edad para decidir se sitúa en dieciséis años. Según el informe, se trata de dar coherencia al marco jurídico y desde luego, de evitar intervenciones clandestinas.
El anteproyecto debe ahora pasar al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal, que deberán emitir su informe preceptivo. Después, el Consejo de Ministros, tras las modificaciones que estime oportunas, lo aprobará como Proyecto de Ley y lo enviará al Parlamento para su tramitación y aprobación que, por tratarse de una Ley Orgánica, exige del apoyo de la mayoría absoluta de ambas Cámaras.
Diversidad de opiniones entre la comunidad científica
SINC se ha puesto en contacto con algunos de los representantes de las principales asociaciones relacionadas con esta futura ley para conocer de primera mano su opinión al respecto.
Montserrat Calvo Artés, sexóloga y codirectora del Instituto RET de Terapia Racional Emotiva Comportamental y miembro de la Asociación Española de Especialistas en Sexología, se muestra muy satisfecha con la iniciativa aprobada hoy. “La ley tiene que estar al servicio de la realidad. Es muy importante que la mujer tome la responsabilidad de su propio proyecto de vida, sin tanta dependencia de la clase médica”.
Opina de una forma similar Concha Martín Perpiñán, ginecóloga y miembro de la Junta Directiva de la Federación de Planificación Familiar de España. “Esta ley aumenta la autonomía de las mujeres de cara a su derecho a elegir tener un hijo o no. Se acerca a las leyes de aborto que hay en toda Europa, donde está contemplado que a partir de los 16 años las mujeres pueden decidir”.
Sobre la polémica de la edad en 16 años, la ginecóloga se muestra tajante. “Si se las considera maduras para tener hijos, cómo no se las va a considerar maduras para interrumpir su embarazo. Si para tener el hijo no se les pide la opinión a sus padres de las jóvenes, entonces tampoco para practicar el aborto. Lo importante de la ley es que ya no tiene que haber ningún médico que firme si la mujer puede o no puede abortar”.
Pero no todo el mundo está de acuerdo con la nueva ley. Gerardo Ventura Serrano, ginecólogo y miembro de la Asociación Española de Ginecología y Obstetricia, no cree oportuno la liberación del aborto desde los 16 años. “A esta edad las adolescentes no tienen maduro el sentido de la responsabilidad. El aborto libre supondrá que se utilice como método contraceptivo. La ley que había antes era mejor”.
La mayor investigación realizada en nuestro país sobre ingresos hospitalarios en jóvenes revela que su aumento ha sido constante desde el año 2000, pasando del 3,9 al 9,5 % en 2021. En ese periodo, la edad media disminuyó de los 17 a los 15 años.
La estadounidense María A. Oquendo fue la segunda mujer, y la primera de origen latino, en presidir la Asociación Americana de Psiquiatría. Experta en conducta suicida, en la actualidad estudia cómo entrenar a los especialistas clínicos para que manejen su ansiedad cuando trabajan con estos pacientes. Es la encargada de la próxima edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales.
