Impuestos energéticos, medidas de transición justa e incluso parques que salvan a una ciudad de las inundaciones son algunas de las acciones que España ha puesto en marcha para hacer frente a la crisis climática. Sin embargo, los expertos coinciden en que los efectos del cambio climático irán empeorando y que estas políticas deben acelerarse y ser más ambiciosas.
España es uno de los países europeos que más achacará el impacto de la crisis climática, pero también es uno de los que más emite. El Gobierno español tiene la responsabilidad no solo de mitigar y adaptar estas consecuencias climáticas, sino de liderar, dentro de la Unión Europea, la acción climática en el mundo.
Según datos del Eurostat, nuestro país es el sexto mayor emisor del principal gas de efecto invernadero, el dióxido de carbono (CO2). Para reducir sus niveles, uno de los objetivos de la Unión Europea –dentro de los cuales se encuentran los de España– era disminuir la emisión en un 20 % para 2020 con respecto a los de 1990.
A falta de un mes de que se acabe el plazo, las emisiones españolas no solo no han disminuido, sino que han aumentado cerca de un 16 % con respecto a las de 1990, asegura José Manuel Moreno, catedrático de Ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y miembro del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas inglés).
A principios de año el Estado presentó en Bruselas el borrador de su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en el que se compromete no solo a reducir las emisiones, sino también a promover las energías renovables y la eficiencia energética. El objetivo es acelerar la descarbonización de la economía para 2050.
Este reto será uno de los puntos clave en las negociaciones que tendrán lugar durante la Cumbre del Clima (COP25) que acoge España, bajo la presidencia de Chile. La ministra en funciones para la Transición Energética, Teresa Ribera, es clara al respecto: “Estamos de vuelta a la primera línea de las negociaciones del clima, y para trasladar el marco de gobernanza global a nuestro país contamos con un Green New Deal español que se materializa, entre otros, en el Marco Estratégico de Energía y Clima”.
Es en este marco que cobra protagonismo el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Su efecto suma, según Ribera, “dará certeza a todos los agentes para movilizar acción climática y avanzar en el objetivo de la neutralidad climática en 2050 sin dejar a nadie atrás”.
La Ley de Cambio Climático, que constituye el marco normativo e institucional que facilita y orienta la descarbonización de la economía española, se prevé que sea aprobada en primavera de 2020 y se centra en la reducción de gases de efecto invernadero, la introducción de energías renovables y la eficiencia energética.
La Unión Europea puso en marcha en 2005 el llamado mercado de emisiones de carbono para progresivamente, limitar las emisiones. En él las industrias deben comprar un permiso para poder emitir, cuyo precio va subiendo y es controlado por el sector público.
“El Acuerdo de París estableció unos niveles nacionales de emisiones. Para cumplir estos objetivos, se va ajustando la oferta de permisos a los objetivos europeos hasta que se llegue a un momento en el que no haya permisos disponibles y así se tienda a una economía descarbonizada”, aclara a Sinc Xavier Labandeira, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo.
Por ejemplo, algunas centrales de carbón ya han anunciado que cesan su actividad porque los precios del carbono son demasiado elevados y dejan de ser competitivas con las tecnologías alternativas. A este mercado están sujetas algunas industrias, como la siderúrgica o las eléctricas, pero, en el caso de los hidrocarburos, el control se hace a nivel nacional.
Para ello, una de las medidas que está tomando fuerza es la de la fiscalidad energética, que consiste en incluir en los precios del diésel y la gasolina de los vehículos unos impuestos que acaben disuadiendo a la gente de utilizarlos.
“Si tienes un coche diésel que utilizas para trabajar todos los días y te suben el precio del diésel, a corto plazo quizás la respuesta sea limitada. Pero a lo mejor a medio o largo plazo piensas en cambiarte el coche y comprar un coche eléctrico, cambiarte de vivienda a un sitio más próximo al trabajo o que tenga disponibilidad de transporte público”, explica Labandeira.
De esta forma estos impuestos, que ya se aplican en muchos otros países como los escandinavos, Suiza o Japón, pondrían en marcha decisiones motivadas para pagar menor cantidad de impuestos y que consecuentemente conllevarán a dejar de contaminar e invertir en energías limpias.
“Ahora mismo la subida que se ha hecho del diésel en España es muy pequeña, estamos en torno a 25 puntos por debajo de la media europea”, denuncia Labandeira, que propone que lo recaudado se invierta en cheques a devolver a la gente con menos recursos económicos o en programas de subvención de cambio de flota hacia vehículos más limpios.
“Las personas con menor nivel económico son precisamente los que tienen coches más obsoletos desde el punto de vista medioambiental y necesitan esta medida para hacer frente a la subida de precios”, explica el experto.
Central térmica de carbón de Cercs (Cataluña) que cerró en 2011. / Pixabay
Con la Ley de Cambio Climático y el PNIEC el gobierno se ha propuesto para el 2030 que el 74 % de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables. Actualmente este tipo de energía representa alrededor del 40 %, por lo que la ley incluye políticas para que las empresas inviertan en este modelo más sostenible.
De hecho, Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, declara que los sistemas basados en las renovables “son ya mucho más rentables que los que se basan en el carbón o el gas”.
Entre las medidas para impulsar las energías limpias entre la sociedad, destaca el favorecimiento del autoconsumo, que ya es posible gracias a la derogación en octubre de 2018 del denominado ‘impuesto al sol’. Este impuesto imponía un peaje al consumidor por la energía producida en su propia instalación a través de paneles solares.
Según Ferrando, este cambio tendrá de manera paulatina un efecto a nivel de emisiones y en la reducción de la factura de la luz para los hogares y las empresas.
Sin embargo, aclara que aunque la derogación fue una buena noticia “aún no existe un reglamento formal del desarrollo y la gente aún no invierte en el autoconsumo”. Por eso denuncia la falta de un pacto de Estado de energía que asegure las renovables independientemente del partido político que esté en el gobierno.
En este sentido, ya existen algunas empresas que han tomado la delantera al ejecutivo y han creado un modelo energético diferente. Una de ellas es Lucera, que solo compra electricidad que se haya generado de forma limpia y que, además, no saca beneficio directo de venderla.
“Otras compañías obtienen ganancias directamente de la energía, por lo que cuanta más energía usen los clientes, mejor. Por el contrario, nosotros vendemos la electricidad a precio de coste y sacamos beneficio de una pequeña comisión fija al mes”, declara a Sinc Emilio Bravo, director de Lucera.
En el anteproyecto de la ley también se contemplan medidas de eficiencia energética, como la mejora de edificios públicos y privados. En total, el Ministerio de Transición Ecológica fomentará la rehabilitación de al menos 100.000 viviendas al año para hacerlas más eficientes energéticamente.
El autoconsumo de energía se ha favorecido gracias a la derogación del 'impuesto al sol' en octubre de 2018. / Pixabay
En relación a la movilidad sostenible, la ley establece que en 2040 no se permitirá la matriculación y venta de vehículos que emitan CO2 y se pondrán en marcha medidas para la penetración de transporte eléctrico. De esta forma, se pretende llegar a 2050 con un parque de turismos y vehículos comerciales sin emisiones directas de dióxido de carbono.
Precisamente, la ministra ha recordado durante su visita a la COP25 que la ley también obligará a los municipios con más de 50.000 habitantes a crear zonas de bajas emisiones, como las que ya existen en Madrid, Barcelona o Pontevedra. Para ello se impulsará la instalación de puntos de recarga para los vehículos eléctricos y la mejora de la red de transporte público.
Sin embargo, esta transición ecológica debe ir acompañada con medidas de justicia social. Precisamente la ministra subraya que España “es el único país del mundo que ha incluido en su marco de gobernanza nacional una estrategia de transición justa”.
Estas políticas se basan en inversiones en zonas de transición, es decir, donde la actividad principal sea una industria que ya no cabe en una economía descarbonizada, como las minas o las carboneras, y darles una alternativa.
Mikel González Eguino, investigador del Basque Centre for Climate Change (BC3), explica que la Estrategia de Transición Justa que presentó el Gobierno recoge unos contratos a los que se pueden acoger las comarcas y empresas afectadas. De esta forma, se acuerda con las administraciones y empresas de la zona que los nuevos proyectos se sitúen en las regiones donde han cesado este tipo de actividades.
“Se ha creado un compromiso para buscar oportunidades y nichos de empleo en esas áreas, como la recuperación de los ecosistemas que se han visto afectados por la actividad o el aprovechamiento de recursos ya existentes, como las centrales con acceso a la red eléctrica y que pueden servir para ubicar proyectos de energías renovables”, afirma el investigador.
Todas estas medidas deben ponerse en marcha cuanto antes, ya que los expertos coinciden en que estamos ante una verdadera emergencia global que exige actuación inmediata.
“La transformación que necesitamos es una auténtica revolución social. El cambio climático nos está alertando de que hay mucho por cambiar. El resto es que se nos está acabando el tiempo para hacerlo”, concluye José Manuel Moreno, del IPCC.
La comunidad científica advierte de que cuanto mayor sean las emisiones, mayores serán los impactos y más difícil, si no imposible, será gestionar el resultado del calentamiento global. En el caso de España, además de políticas de mitigación, son necesarias las medidas de adaptación al cambio climático. Los efectos son ya palpables en nuestro país.
Parque inundable de La Marjal. / Ayuntamiento de Alicante
Existen muchas iniciativas a nivel local como los refugios climáticos de Barcelona, en las que el ayuntamiento de la ciudad ha preparado colegios para resguardarse de las olas de calor habilitándolas con puntos de agua y mejoras en su aislamiento.
Otro tipo de medidas locales, según informa la investigadora del BC3 Marta Olazabal, incluyen, por ejemplo parques inundables para hacer frente a las lluvias torrenciales y sequías de algunas zonas del Mediterráneo. Uno de ellos es el parque de la Marjal de la Playa de San Juan, en Alicante.
Normalmente este espacio tiene una función recreativa para el público pero, gracias a un vaso retenedor en forma de estanque y varios colectores situados en distintas partes de la ciudad, en situaciones de lluvia extrema recoge el exceso y se inunda hasta 45.000 metros cúbicos. Luego, esta agua puede almacenarse para riego de zonas verdes o llenado de lagos.
A pesar de la diversidad de medidas, Olazabal denuncia que aún no se tiene el conocimiento suficiente para abordar este problema. Según la investigadora, “España está por detrás que el resto de países europeos en cuestión de adaptación local”.
La expedición internacional Biodiversidad Global de Calcificadores Planctónicos Marinos ha aportado nuevas evidencias sobre este fenómeno, un proceso relacionado con el cambio climático que implica la progresiva invasión de aguas atlánticas en el océano Ártico.
Un informe de UNICEF alerta sobre el aumento exponencial de los peligros climáticos para niños y adolescentes. Advierte también sobre los retos de la brecha tecnológica y los cambios demográficos, y subraya la necesidad de medidas urgentes para garantizar sus derechos.
